El Constitucional rechaza excarcelar a Sánchez y el Supremo torpedea su investidura presencial

El Pleno del Constitucional, formado por los 12 magistrados, acordó por unanimidad rechazar la petición que hizo la defensa de Sánchez para que se suspendiera provisionalmente el auto de ingreso en prisión que dictó en su día la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Esta magistrada fue la primera instructora del causa del ‘procés’ antes de pasar el sumario a manos de su compañero Pablo Llarena en el Tribunal Supremo.

Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de la lista de Junts per Catalunya (JxCat) por Barcelona, presentó en octubre pasado un recurso de amparo contra esa orden de prisión preventiva, al igual que su compañero Jordi Cuixart (Ómnium Cultural), y el Constitucional decidió entonces admitir a trámite ambos recursos.

Sin embargo, aquella admisión no puso sobre la mesa de los magistrados la posibilidad de ordenar la libertad de ambos presos preventivos, ya que ahora están encarcelados por orden del juez del Supremo Pablo Llarena. En todo caso, como Sánchez pidió la suspensión de la orden de Lamela, la corte de garantías abrió una pieza separada para analizar su petición de suspender cautelarmente la prisión y lo que resolvió este miércoles el Pleno fue rechazar esta solicitud. En cambio, el fondo del recurso de amparo del diputado se resolverá en sentencia más adelante, según confirmaron fuentes del Constitucional.

Tras este primer revés para el candidato independentista, el abogado de Sánchez conoció poco después la decisión del juez Llarena de conceder un plazo de cinco días para resolver sobre la petición de libertad formulada por la defensa. Un escrito que pretende que el acusado pueda acudir desde la prisión madrileña de Soto del Real al pleno de su investidura, convocado para el lunes. Sin embargo, la decisión temporal del juez no solo cierra la puerta a la concesión del permiso sino que amenaza la posibilidad misma de celebrar la sesión en esa fecha.

Llarena dio ese plazo a la acusación popular ejercida por Vox, al abogado del Estado y al fiscal para que le den su informe sobre la petición de libertad de Sánchez y sobre la posibilidad de darle un permiso. Aunque es cierto que los consultados podrían responder al juez antes del plazo fijado y eso podría hacer posible que hubiera resolución antes del pleno, tal probabilidad parece ahora mismo remota. De hecho, fuentes de Vox señalaron que su intención es apurar al máximo para que venza el plazo estipulado.

En el escrito de defensa que el martes dirigió al juez, Sánchez pidió que lo dejasen libre o le permitiesen acudir al Parlament bajo su voluntad y la de su grupo de respetar la «legislación vigente». Para ello afirmó que su propia candidatura «es una muestra evidente de la voluntad, no solo personal sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Constitucional, aunque no se comparta su contenido».

El 6 de febrero Llarena ya determinó en un auto «la incapacidad legal prolongada» de Sánchez «para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del pleno del Parlament». Tanto el juez como el propio Supremo -a través de la Sala de Apelaciones- han reconocido el derecho a la participación política del acusado preso, pero señalaron la necesidad de encontrar fórmulas para respetarlo sin dañar los objetivos de la investigación. Desde ese equilibro, Llarena señaló que tal derecho debe ser ejercido por delegación del voto.

Tras conocer estas resoluciones el abogado de Sánchez, Jordi Pina, se reunió este miércoles en el Parlament con el presidente de la Cámara, Roger Torrent, para abordar una estrategia conjunta y posibilitar que la investidura sea con la presencia del preso.