El Constitucional da el plácet a los nuevos magistrados con su presidencia en disputa

La parálisis en los nombramientos, la que estaba detrás de la maniobra del Ejecutivo para forzar los relevos cambiando por la puerta de atrás las leyes del Poder Judicial y del propio Constitucional y de la posterior e inaudita suspensión por el TC de la tramitación en las Cortes de ese cambio legislativo, se ha desanudado en apenas 48 horas. Son las que median entre el insospechado, y forzado, consenso del martes entre los vocales conservadores y progresistas del CGPJ por el que fueron designados Tolosa, presidente de lo Contencioso del Supremo, y Segoviano, magistrada jubilada que fue la primera mujer en encabezar una sala del alto tribunal, y el pleno del TC que ha acreditado sus perfiles junto a los más polémicos escogidos por el Ejecutivo. Campo era el ministro de Justicia del presidente Sánchez que gestionó los indultos gracias a los cuales fueron excarcelados los líderes del 'procés' independentista y Díez perteneció hasta hace apenas unos meses al equipo de asesores de Moncloa.

El Constitucional había dejado en barbecho el análisis de estas dos últimas candidaturas a la espera de que el CGPJ decidiera sobre la otra dupla que le corresponde. Esta decisión, aparentemente menor, ya reveló que las disonancias en la corte de garantías no se limitan a la fractura entre conservadores y progresistas que la ha partido en dos ante la delicadísima decisión de frenar el refrendo en el Senado de la reforma exprés del Gobierno, cuyos efectos han quedado neutralizados ahora por la vía de los hechos. Los seis magistrados a los que se identifica con la derecha judicial, con González-Trevijano al frente, optaron por atemperar las prisas del Ejecutivo por aupar al TC a Campo y Díez aguardando al Consejo. Pero lo llamativo es que ese pleno de evaluación lo requirieron tres de los progresistas -Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán-, mientras que otros dos -el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y Balaguer- se sumaron a los conservadores para esperar al CGPJ.

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Nada apuntaba entonces, bien es cierto, a que el órgano de gobierno de los jueces fuera a resolver sus dos nombramientos. La mayoría conservadora, muy crítica con las tres reformas legales que ha promovido sucesivamente el Gobierno en respuesta al bloqueo en la renovación del CGPJ (que ha rebasado ya los cuatro años de interinidad) y del Constitucional, llevaba desde junio remoloneando con su propuesta de candidatos, mientras que la minoría progresista se la jugaba con el magistrado de lo Contencioso del Supremo José Manuel Bandrés. Después de un tira y afloja que parecía difícilmente resoluble, con la celebración fallida de una primera votación el 20 de diciembre, los conservadores asumieron, en la segunda ronda que habían forzado para este pasado martes 27, que no podían seguir paralizando la actualización del TC y, por tanto, el vuelco de este hacia un predominio de los progresistas. Pero este sector consiguió dos objetivos en absoluto baladíes: primero, que sus rivales transigieran con sus dos aspirantes -Tolosa y Segoviano, esta última reconocida progresista- renunciando a Bandrés, a quien la derecha judicial vetaba por considerarlo afín no solo al Gobierno, sino, y esto es significativo, a las pretensiones de Conde-Pumpido de ascender a la presidencia del TC; y en segundo lugar, que la reforma del Gobierno que ha desatado un ruido y una zozobra institucionales inimaginables haya quedado desactivada con la renovación 'normalizada' de la corte de garantías.

El Ejecutivo ha dado por bueno el desbloqueo del CGPJ porque el Constitucional retorna a una mayoría más alineada con la izquierda nueve años después y porque se atempera el fragor de la guerra política y jurídica, que llevó incluso al Rey a incluir en su discurso de Nochebuena un llamamiento expreso a «fortalecer» las instituciones frente a «la erosión» que soportan. Con la duda abierta sobre qué van a hacer ahora el PSOE y Unidas Podemos con la tormentosa reforma suspendida por el TC, el Gobierno no puede verse plenamente satisfecho, sin embargo, con un futuro Constitucional que no va responder de forma mimética a sus aspiraciones. En pleno descrédito del Poder Judicial por las injerencias de los dos grandes partidos y la quiebra de cualquier posibilidad de consenso entre Sánchez y Feijóo, ni el Ejecutivo ni el PP se han atrevido a pronunciarse sobre sus querencias para la presidencia de la corte de garantías. Pero se había hecho visible en estas semanas que la opción de Conde-Pumpido agrada a unos lo mismo que desagrada a los otros.

El líder de la oposición ha rehusado este jueves, en su balance del año, adentrarse en este jardín dejando en manos del pleno del TC solventar quien lo encabezará una vez se oficialicen los relevos. Es evidente de puertas adentro, no obstante, que el exfiscal general del Estado con el PSOE disgusta a los populares. Y la apuesta del sector conservador del CGPJ por la magistrada María Luisa Segoviano, feminista y experta en un terreno socialmente sensible como el Derecho laboral, unida al veto a Bandrés, da alas a la posibilidad de que acabe siendo otra mujer, Balaguer, quien se alce con el liderazgo en el Constitucional. Para ello tendría que seguir postulándose y votarse a sí misma, concitar la anuencia de los cuatro magistrados más próximos a la derecha -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y el recién elegido Tolosa- y sumar a Segoviano.