El Constitucional tumba el primer recurso de los ERE pero se inclina por anular el eje central de las condenas

El amparo de Viera, condenado a siete años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, fue rechazado este lunes por defectos de forma «insubsanables», pues «la queja se expresa en términos genéricos, sin que vaya acompañada de explicación alguna o desarrollo argumental». Pero está no va a ser la tónica. Todas las fuentes consultadas apuntan a que el Pleno, salvo sorpresa mayúscula, va a estimar parcialmente (pero sin unanimidad) el recurso de amparo de la exministra de Rodríguez Zapatero, al tiempo que va declarar la nulidad de su pena de nueve años de inhabilitación por haberse vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal.

El caso del recurso de Álvarez -explican en el entorno del Constitucional- va a ser paradigmático de lo que pueda suceder con las apelaciones de algunos de los más destacados exdirigentes políticos que se encuentran entre la decena de condenados de los ERE y que también han pedido amparo a la corte de garantías. Y es que la esencia del borrador de sentencia que ha preparado la ponente y vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, incide en que no se puede fiscalizar penalmente los anteproyectos y proyectos de ley que emanan del Consejo de gobierno autonómico.

La ponencia que el Pleno de mayoría progresista tiene intención de apoyar (el equilibrio actual sería de 7 contra 4) subraya que esos acuerdos políticos en los Presupuestos de 2002, 2003 y 2004 no pueden ser considerados «resoluciones», por lo que no «generan efectos jurídicos» que puedan ser llevados ante los tribunales penales.

El borrador -en total sintonía con los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Álvarez y de otros condenados- abunda en que esos acuerdos del Consejo de Gobierno que costaron la condena a varios de los que se sentaban en esas reuniones del Junta son «meros actos preparatorios o de trámite del proceso legislativo», al tiempo que recuerda que la aprobación de esos proyectos correspondía al Parlamento. Y la fiscalización del legislativo –apunta esa resolución- es «altamente incompatible con la separación de poderes» el artículo 66.2 de la Constitución.

En resumen, la ponencia que va a ser avalada con casi toda probabilidad zanja que el Supremo no podía declarar ilegales esas ayudas e imponer condenas a los que llevaron al Parlamento las controvertidas resoluciones, porque la normativa no le atribuye esa potestad, que solo corresponde al Constitucional.

El Ministerio Público –como sostiene esa ponencia, la defensa de algunos de los acusados y dos de los magistrados del Supremo que en 2002 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019- ya había advertido que fiscalizar los anteproyectos y proyectos que luego se usaron para el desvío de los fondos destinados a los parados andaluces «supone desapoderar a las Cortes Generales de una facultad que les corresponde en exclusiva». La Fiscalía en su escrito respaldaba exclusivamente el amparo basado en la invocación del principio de legalidad penal frente a considerar prevaricación la simple elaboración y aprobación de los sucesivos anteproyectos de Ley.

El primer varapalo del Constitucional -que había aplazado la deliberación de los recursos de los ERE hasta después de los comicios vascos, catalanes y europeos- va a tener lugar, sin embargo, apenas dos semanas después de que Pedro Sánchez el pasado 5 de junio en un mitin en Benalmádena (Málaga) pusiera en valor la figura de Magdalena Álvarez, que desde la primera condena hace un lustro había sido arrinconada en el PSOE andaluz. El presidente del Gobierno denunció que ella había sido «víctima» del «fango» y del «vil ataque de la derecha y la ultraderecha».