El Constitucional prosigue con las exculpaciones de los ERE a la espera de Griñán

Por mayoría de siete votos a cuatro, el Pleno del TC estimó sus recursos de amparo contra la sentencia firme del Tribunal Supremo al considerar que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal. Tres de los cuatro recurrentes estaban cumpliendo penas de prisión en la actualidad y ahora la Audiencia de Sevilla tendrá que dictar una nueva sentencia contra ellos en la que rebaje sus penas de cárcel, que oscilan entre los seis y ocho años.

A diferencia de su compañero Miguel Ángel Serrano, director de la agencia pública que gestionaba la concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE, que el martes vio como el Constitucional eliminaba totalmente el delito de malversación por el cual se encontraba preso, en esta ocasión el Pleno solo estimó parte de los amparos.

La diferencia de criterio se debe a que la mayoría de los magistrados concluyeron que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal, pero rechazaron que se hayan lesionado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva en dos de los cuatro recurrentes.

En el caso de Martínez Aguayo fue condenada a seis años de prisión y ya estaba en tercer grado, y se ha anulado la totalidad de la malversación, como al exviceconsejero Jesús María Rodríguez. Mientras que su compañero en Empleo Antonio Fernández fue castigado a siete años y once meses de prisión (una de las penas más altas) y el TC eliminó parte de la malversación, al igual que Francisco Vallejo.

Fernández fue condenado no solo por haber intervenido en las modificaciones presupuestarias que arbitraron los fondos para el pago de los ERE, sino también por haber firmado como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) convenios particulares con el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, cabecilla del caso, a través del que se materializaron varias ayudas fraudulentas.

En los cuatro casos analizados este miércoles el Constitucional les perdona, por lo tanto, una parte de la malversación, pero deja fuera del amparo determinados actos relativos a su desempeño en el momento de los hechos (2001-2009). Fernández, por ejemplo, en calidad de viceconsejero de Empleo antes de ser consejero, tendrá que responder penalmente por su intervención en las modificaciones presupuestarias de los ejercicios 2000 y 2001, antes de que las leyes generales hubieran incorporado el sistema de transferencias de estos fondos a través de las agencias públicas de la Junta.

En sentencias anteriores, el Constitucional fijó que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, así como sus modificaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El tribunal de garantías concluye que no son asuntos gubernativos sujetos de control jurisdiccional. En definitiva, no se puede condenar por prevaricación, una circunstancia que arrastra también toda o parte de la malversación.