El Constitucional anula el acuerdo del Parlament por la amnistía del 'procès'

La sentencia redactada por la magistrada María Luisa Balaguer, de la que sólo se ha trascendido el fallo, cuenta con el voto particular del vicepresidente Juan Antonio Xiol Ríos y del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, según ha informado el Constitucional.

El tribunal de garantías ha concluido que se vulneró el derecho del grupo parlamentario de ejercer las funciones representativas en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.

Así, los magistrados han acordado restablecer a los diputados de Ciudadanos en su derecho. Para ello, han declarado la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña de 25 de septiembre de 2019, por los que calificó y admitió a trámite las propuestas de resolución 'Un acuerdo para la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos' de la CUP; y 'Por una respuesta de consenso sobre la sentencia del juicio del procés' impulsada por los grupos parlamentarios Republicà, Junts per Catalunya y la CUP.

En el marco del fallo hecho público este jueves, el Constitucional también ha anulado los acuerdos de 26 de septiembre de 2019, por los cuales se desestimó la petición de reconsideración del anterior acuerdo de admisión.

CON LOS VOTOS DE JXCAT, ERC Y LA CUP

La primera resolución --que fue aprobada con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP-- expresaba el compromiso de la Cámara catalana a trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas en caso de que fueran condenados en la sentencia del juicio del 1-O, tal y como ocurrió casi un mes después, el 14 de octubre de 2019.

Con esta resolución el Parlament también se conjuraba para «liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales cívicos y políticos, las libertades y el ejercicio del derecho de la autodeterminación» si la sentencia del Supremo era condenatoria. También llamaba al ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, «siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas».

La segunda resolución, aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP --y con la abstención de los comunes--, declaraba necesaria «la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil».

«Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía», recogía el texto.