El Constitucional acuerda revisar las penas de Griñán y Chaves por el 'caso ERE'

No obstante, los magistrados han acordado tramitar estas peticiones por la vía cautelar (ordinaria(. Las citadas fuentes apuntan que ni las medidas cautelares ni los recursos en sí mismos se resolverán hasta después de las elecciones generales del próximo 23 de julio.

La decisión sobre el fondo de los escritos de los condenados, por lo tanto, podría dilatarse hasta el próximo año, debido a la complejidad del asunto, así como a su repercusión, ya que aún hay decenas de piezas del 'caso ERE' en tramitación, algunas en fase de investigación.

En un principio las doce impugnaciones por el 'caso ERE' se incluyeron en el Pleno del TC celebrado el 22 de mayo, pero finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del día 28.

Tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación, pero, después de consultar con varios magistrados, se optó por mantenerlo.

La magistrada responsable de estas ponencias será la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán, en cuyo despacho recayó la primera impugnación, la presentada por la exministra socialista Magdalena Álvarez, condenada por prevaricación a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la propuesta de admisión o no de los recursos de amparo es competencia de las secciones, en este caso tuvo que elevarse a la Sala Segunda porque no había unanimidad entre los tres magistrados que formaban la sección competente.

Las fuentes precisan que la posición de Montalbán era admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la Sección Tercera -integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa-, porque este último se oponía.

La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a seis años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso en abril.

A principios de año, la Audiencia de Sevilla ya suspendió el ingreso en prisión del expresidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia por un cáncer de próstata. El último informe de Medicina Legal señala que el tratamiento oncológico resulta «poco compatible con la vida en prisión» porque requiere «vigilancia estrecha». Aunque el tribunal ha reclamado un nuevo informe.