El Constitucional aplaca el golpe de mano del Gobierno y pospone el examen de sus dos candidatos

La corte de garantías conoció ayer oficialmente el nombramieto de Campo y Díez por parte del Ejecutivo. Tras ello, los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel movieron ficha para convocar de urgencia un pleno y proponer iniciar los trámites para verificar a los nuevos magistrados, tal y como regula la Ley del TC.

El presidente interino, Pedro González-Trevijano, aceptó la reunión y acordó votar la petición de sus colegas, que se quedaron      en minoría por ocho votos a tres, después de que dos integrantes del sector progresista, María Luisa Balaguer y José Antonio Xiol, se desmarcaron y votaron con la mayoría conservadora dar más tiempo al CGPJ para que nombre a sus candidatos y cumpla con la renovación de la corte.

Esta decisión evitó por ahora el choque de trenes entre el Ejecutivo y el máximo garante de la Carta Magna, ya que la misma Constitución establece que la renovación debe hacerse por tercios (cuatro de los 12 magistrados), o sea que los nombramientos del Gobierno deben ir acompañados siempre de los dos que haga el órgano de gobierno de los jueces, el turno que toca ahora.

Sea como fuere, la decisión de este miércoles de aplazar de momento cualquier conflicto con la renovación    centró todas las miradas en la negociación abierta en el Consejo, sobre todo en el sector conservador, que aún no ha elegido a su candidato y sigue alargando el proceso pese a que una contrarreforma impulsada por el PSOE    fijó mediados de septiembre como fecha tope. Por lo tanto, los vocales llevan dos meses y medio incumpliendo la norma aprobada por las Cortes pese a su condición gubernativa de un poder del Estado, el Judicial.

El último episodio ocurrió este miércoles. El bloque conservador solicitó retrasar a hoy la reunión con los vocales progresistas para valorar el impacto de los nombramientos realizados por el Gobierno para el TC. Fuentes del Consejo avanzaron que sus perfiles complicaban las conversaciones para sacar adelante la renovación, ya que están «excesivamente politizados», por lo que habría que compensar apostando por dos aspirantes «intachables» desde la óptica de la imparcialidad, señalaron.