El Gobierno rebaja el tono y evita las críticas a la oposición tras el Consejo de Ministros

La mesa de las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Ministros ha sido desde la restauración de la democracia la atalaya desde la que el Gobierno de turno ha defendido sus proyectos y ha arremetido contra la oposición, muchas veces sin el menor pudor y sin ningún reparo por el ámbito institucional. La ministra portavoz puso hoy coto a esa costumbre de más de 40 años y rehusó hacer el menor comentario referido a la oposición. «Voy a ser disciplinada y no me voy a meter a valorar» la situación de otras fuerzas políticas, apuntó para rechazar tres preguntas sobre la actitud de la oposición en diferentes apartados.

A lo que no va a renunciar el Gobierno, aclaró Celaá, es a informar de los asuntos aprobados en el Consejo de Ministros pese a las quejas de «electoralismo» de la oposición y a las denuncias que ha presentado ante la Junta Electoral Central. «Es -subrayó- una obligación democrática» que el Ejecutivo comparte con los medios de comunicación, y que forma parte de «los usos y costumbres de doce legislaturas» con gobernantes de diferentes colores, desde centristas a socialistas y populares.

En la Moncloa están muy confiados en que serán atendidas las alegaciones que han presentado ante la Junta Electoral contra las quejas de PP y Ciudadanos que pretenden suprimir esas conferencias de prensa para evitar lo que consideran propaganda electoral del Gobierno. Lo contrario, subrayaron fuentes gubernamentales, sería un disparate. La Junta Electoral debe resolver este lunes las demandas de los dos partidos opositores.

Pero por si acaso, y para evitar dar tres cuartos al pregonero, el portavoz y la ministra de Trabajo se limitaron dar cuenta con asepsia extrema de lo aprobado por el Consejo de Ministros. Celaá insistió en que el Gobierno está en plenitud de funciones, y solo dejará de estarlo al día siguiente de las elecciones del 28 de abril. Hasta entonces, añadió, va a gobernar «hasta el último día», como han hecho todos los gobiernos, y no se va quedar cruzado de brazos a la espera de que pase el tiempo.

Este viernes aprobó el decreto ley que incluye la recuperación del subsidio para los desempleados mayores de 52 años, suprimido por Mariano Rajoy; el registro horario de la jornada laboral para evitar el impago de las horas extras; las bonificaciones a los empresarios por la contratación de parados de larga duración; la recuperación de las cotizaciones en la Seguridad Social para los cuidadores no profesionales de personas dependientes; y el aumento de las ayudas no contributivas de las prestaciones familiares por hijo.

El Gobierno se ha asegurado el respaldo de las fuerzas de la moción de censura para convalidar este decreto cuando se reúna la Diputación Permanente del Congreso. Apoyo que no ha conseguido para revertir algunos aspectos de la reforma laboral, y por esa razón, explicó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no se van a plantear la contrareforma en esta legislatura. «Hemos sopesado los pros y los contras y hemos llegado a la conclusión de que no íbamos a contar con suficientes apoyos en la Diputación Permanente». «Ya vimos lo que pasó con las pensiones», recordó en referencia a la negativa de Podemos a ratificar el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo.

Las cautelas mostradas por las ministras no fueron suficiente, sin embargo, para hacer cambiar de opinión el líder del PP sobre el «electoralismo» del Gobierno socialista. «Está instrumentalizando todos los mecanismos del Estado para hacer campaña electoral», denunció Pablo Casado en un acto de su partido en Castellón. Pedro Sánchez, se ratificó el líder opositor, debería hacer las propuestas «en los actos del PSOE», y no lanzarlas desde la Moncloa para que se debatan después en el Congreso.