El Consejo General del Poder Judicial pende del pacto sin asentar desde 1978

Los socialistas apelan al cumplimiento de la Constitución, mientras que los populares lo hacen al respeto de la independencia judicial. Lo cierto es que la Carta Magna, como otros muchos asuntos espinosos a causa de las tensiones durante la Transición, dejó en el aire el modo de elección de los miembros del CGPJ. Según la primera parte del artículo 122 del título VI, «el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica». Una redacción abierta y que quedó a merced de una norma que requiere mayoría absoluta en el Congreso, pero que puede ser modificada según los apoyos parlamentarios de turno.

El último Gobierno de Adolfo Suárez fue el que desarrolló el mandato constitucional para que una ley orgánica desarrollase el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial. La norma contó con el apoyo de UCD y del PSOE y estableció que de los 20 vocales, los 12 de adscripción judicial serían elegidos por los propios magistrados y los otros ocho, según fija la Constitución, por el Congreso y el Senado. En ambas cámaras, con una mayoría cualificada de tres quintos, de acuerdo también a la Carta Magna.

El PSOE usó el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar una reforma de ley orgánica que en la práctica derogó la de la UCD y que habían apoyado los mismos socialistas un lustro antes. La nueva norma quitó la potestad a los jueces de elegir a 12 de los vocales del Poder Judicial y otorgó al Congreso y al Senado, ambas cámaras copadas por el PSOE, la capacidad para designar a los 20 miembros del CGPJ.

La segunda reforma de la ley orgánica se produjo durante el Gobierno de mayoría absoluta de José María Aznar. Se trató de un pacto de Estado entre el jefe del Ejecutivo del PP y el entonces líder de la oposición, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos dirigentes firmaron un documento en el que el objetivo era garantizar «la independencia de la justicia». En lo sustancial no se cambió lo aprobado en 1985 bajo el mandato de González. Congreso y Senado siguieron siendo los responsables de la elección de los 20 vocales del Poder Judicial, si bien 12 de ellos debían haber sido previamente propuestos por una asociación de magistrados o por un 2% de jueces en activo, con un máximo de 36 candidatos.

Como en 1985, se impuso el rodillo de una mayoría absoluta. Según el texto aprobado y que sigue vigente, las Cortes eligen por la misma mayoría de tres quintos a los 20 vocales del Consejo. El PP de Rajoy diluyó aún más la participación de los jueces en la elección de sus representantes en el CGPJ, la misma que ahora reclama el PP de Alberto Núñez Feijóo como condición irrenunciable para actualizar con el PSOE el órgano de gobierno de la Magistratura. Esta reforma eliminó el límite de 36 candidatos a vocales, con lo cual la lista de aspirantes se convirtió en ilimitada. La actual cúpula del CGPJ, que permanece en funciones desde hace cinco años, fue elegida según este modelo auspiciado por el Ejecutivo de Rajoy.