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El Gobierno se ha quedado solo en su defensa de que no es necesaria una legislación adicional para seguir combatiendo el coronavirus cuando el próximo 9 de mayo, como pretende Pedro Sánchez, decaiga el estado de alarma. El Consejo de Estado recomienda al Ejecutivo introducir ... cambios en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para dotar a las comunidades autónomas de un paraguas jurídico para poder aprobar, en caso necesario, medidas restrictivas sin tener que recurrir al mecanismo de excepcionalidad. Sin el armazón legal que otorga el estado de alarma, el órgano consultivo considera que hace falta un 'plan B'.
La recomendación se enmarca en un dictamen elaborado el pasado 22 marzo a petición del Gobierno sobre si conviene presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada ley de Salud gallega. «Existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad», reconoce el Consejo. Pero lejos de dejar ahí su argumentación, y «con independencia» del veredicto solicitado, incluye un último párrafo para «sugerir» la reforma de la citada ley de Medidas Especiales. Considera que la normativa en la que se deberán apoyar las autonomías tras el fin del estado de alarma presenta «carencias» cuando se trata de hacer frente a una pandemia.
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El máximo órgano, que preside la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, aconseja al Ejecutivo a que aporte «mayor detalle y concreción» a esta ley orgánica, con cuarenta años de solera, de manera que pueda ser utilizada por las autoridades sanitarias para limitar derechos y libertades fundamentales a fin de controlar la transmisión de una enfermedad. Reconoce, además, que la citada norma presenta varias lagunas: «las medidas susceptibles de ser adoptadas en estos casos; los requisitos exigibles para su adopción; el régimen sancionador aplicable; y los términos y alcance de la garantía judicial».
El PP y otros grupos de la oposición llevan meses reclamando sin éxito al Gobierno un plan jurídico con el que las comunidades puedan actuar con blindaje legal una vez que el estado de alarma llegue a su fin. Pese a que el reloj corre en contra, los populares consideran que «aún hay tiempo» de impulsar los cambios legislativos necesarios para que las comunidades tengan amparo y no dependan de lo que digan los tribunales. «En quince días se puede hacer», aseveró este jueves Pablo Casado durante su participación en unas jornadas sobre política sanitaria.
Según el líder del PP, con modificar dos párrafos del artículo tercero de la ley de Medidas Especiales, en lo que se refiere a la la limitación de derechos fundamentales, las autonomías tendrían el armazón legal que necesitan para adoptar las medidas restrictivas con las que hacer frente a los rebrotes del virus. La otra ley que los conservadores quieren reformar es la de lo contencioso-administrativo, para dejar en manos de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades la decisión ante cualquier reclamación por esa limitación de derechos.
En la Moncloa desdeñan cualquier 'plan B' por entender que los territorios cuentan con instrumentos suficientes para manejar las situaciones venideras una vez que decaiga la excepcionalidad y tiran del comodín de la «cogobernanza» en el Consejo Interterritorial de Salud cuyas decisiones, recuerdan, son de «obligado cumplimiento». «Hay un marco jurídico suficiente», volvió a defender este jueves la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La ministra ratificó la negativa del Ejecutivo a ceder a las demandas del PP y resaltó de que hay que ser «extraordinariamente garantista» para promover un cambio normativo que haga que esos derechos fundamentales puedan residir «en un lugar distinto que no sea la soberanía popular o el refuerzo que los jueces dan a las actuaciones de las comunidades».
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