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Ander Azpiroz
Martes, 16 de mayo 2023, 17:51
El PP chocó ayer de frente contra la tambaleante mayoría de investidura en su intento de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación lleva paralizada desde que en 2018 caducase el mandato de sus actuales vocales. Solo Ciudadanos, ... y con sonoras acusaciones de «cinismo» hacia los populares, la respaldará en la votación de este jueves en el Congreso, a expensas de que VOX exponga su posición, pese a que el diputado Javier Ortega Smith también vapuleó desde la tribuna al partido de Alberto Núñez Feijóo por buscar, al igual que el PSOE, la parcialidad de la justicia.
La propuesta del PP, que asegura que «nunca en democracia se ha atacado tanto a la justicia como en esta legislatura», contempla que de los 20 vocales que componen el máximo órgano del Poder Judicial solo ocho se elijan por el Congreso y el Senado. Los doce restantes serían votados por entre «los 5.000 jueces y magistrados en España». Según la legislación vigente, los vocales son designados a partes iguales por el Congreso y el Senado. Cada una de las Cámaras designa a seis magistrados y cuatro juristas de reconocido prestigio. Y para la elección es necesario el apoyo de tres quintos en cada Cámara. Este listón, sin el apoyo del PP o del PSOE, es imposible de alcanzar con la mayoría actual y tampoco lo será a todas luces de cara a la próxima legislatura. Si hay cambio de Gobierno, se volverá a la casilla de salida a la espera de que socialistas o populares den su brazo a torcer.
La formación que preside Alberto Núñez Feijóo mantiene que deben ser los propios jueces quienes escojan a sus representantes en el CGPJ, una propuesta que, por otra parte, podría copar este órgano de magistrados conservadores al ser mayoritarios dentro de este colectivo profesional.
La guerra en torno a la renovación del CGPJ pudo cerrarse en octubre de 2022, pero Feijóo dio marcha atrás cuando el acuerdo ya estaba a punto tras conocerse que el Gobierno reformaría el delito de sedición para favorecer a los condenados independentistas por el 1-O. Un año antes el Gobierno ya había movido ficha con una reforma legal para retirar al Consejo la potestad de nombrar cargos pendientes mientras ejerciese en funciones. La pugna política llevó al expresidente del CGJP Carlos Lesmes a dimitir hace ocho meses.
Entre medias, se han sucedido los llamamientos de la Comisión Europea para acabar con la parálisis y asegurar la independencia de los jueces. Una exigencia que tanto PSOE como PP se atribuyen como propias. El Partido Popular sostiene que el actual sistema «va en contra de los estándares europeos», pese a que, recuerda el PSOE, no fue abordado por Mariano Rajoy ni siquiera cuando gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015.
Unidas Podemos aprovechó la proposición del PP para presionar al PSOE y apoye que la actual mayoría de tres quintos en Congreso y Senado para renovar el CGPJ se rebaje a una mayoría simple, una opción que hasta ahora descartan los socialistas, y que podría convertirse en un arma de doble filo en caso de que las generales de diciembre otorguen una mayoría a la derecha. El presidente del grupo Parlamentario, Jaume Assens, añadió que es legítimo abrir el debate, pero no bloquear las instituciones. «Que ustedes se presenten como defensores de la Constitución es un acto de puro cinismo», aseguró el diputado de los Comunes. Otros partidos como el PNV, se declararon dispuestos a dialogar sobre la propuesta de los populares. Eso sí, siempre y cuando accedan primero a acabar con el bloqueo del actual órgano de gobierno de los jueces.
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