El Congreso rechaza cambios legales para endurecer el tratamiento a los presos etarras

Fue un acalorado debate marcado por la revelación de la Guardia Civil de los contactos del Ministerio del Interior con el entorno de los presos de ETA y en el que los populares aprovecharon para denunciar desde la tribuna la «trama secreta» de Pedro Sánchez para «asociarse con los verdugos para mantenerse en el poder».

La propuesta del PP tumbada por el Parlamento era una reforma de gran envergadura que implicaba modificar cinco leyes y un reglamento: las leyes orgánicas Penitenciaria, de Seguridad Ciudadana ( ley mordaza), del Derecho de Reunión y del Poder Judicial; la ley del Estatuto de la Víctima del Delito y el Reglamento Penitenciario. Los populares, a pesar de reconocer los avances en la protección de la víctima desde la entrada en vigor de su Estatuto en 2015, denunciaban, no obstante, que las víctimas del terrorismo todavía no tenían el amparo suficiente, sobre todo ante la concesión de beneficios penitenciarios a sus víctimarios y frente a las «agresiones a su dignidad» como podían ser los ‘ongi etorri’ que se han venido sucediendo en el País Vasco y Navarra en los últimos meses.

 

El texto rechazado, que buscaba «cubrir determinadas lagunas en la defensa de su dignidad y del conjunto de sus derechos», ponía sobre todo el acento en recortar la capacidad de la administración penitenciaria para dar beneficios a los reclusos de ETA. Uno de los cambios claves era la reforma del artículo 62 de la Ley Penitenciaria para vetar la concesión del tercer grado a los condenados por terrorismo que no hubieran «mostrado signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas» y que no hubieran «colaborado activamente con las autoridades» para «impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista», o bien «para atenuar los efectos de su delito», o bien para ayudar a «identificar, capturar y procesar» a otros terroristas.

Otra de las modificaciones medulares que planteaba el PP era tocar el famoso artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que es el que usa habitualmente el Ministerio del Interior para poder dar beneficios de tercer grado (como salidas) a presos de segundo grado. Ese modelo mixto del que se han beneficiado etarras y otros reclusos controvertidos, según el texto que no salió adelante solo podría haberse usado para el penado que «reniegue de los actos delictivos cometidos, muestre arrepentimiento, abandone la voluntad de reincidir y colabore en la investigación y prevención de delitos análogos a los que motivaron su condena».

 

Para tratar de acabar con los ‘ongi etorri’ el PP había propuesto reforma la Ley Orgánica del Derecho de Reunión de 1983 para dar poder a la «autoridad gubernativa» a «suspender» o «disolver» cualquier reunión o manifestación que se «organicen para recibir y rendir homenaje» al autor de un delito de terrorismo. Igualmente, la proposición de los populares abogaba por modificar la ley mordaza para que, una vez la autoridad gubernativa suspendiera un ‘ongi etorri’, los ayuntamientos tuvieran «prohibido facilitar la celebración de la misma con ningún tipo de medida» con la amenaza de sanciones «muy graves» a las «autoridades o funcionarios del ayuntamiento» que propiciaran los homenajes a los etarras excarcelados.

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, defendió este martes desde la tribuna que la reforma de su grupo era imprescindible para «acabar con la impunidad moral, política y social». Pero sobretodo, la dirigente popular atacó al Gobierno por su táctica de «votos por presos». Gamarra recordó que desde la llegada de Sánchez ha habido 209 traslados de etarras, 25 terceros grados y 14 libertades provisionales y ello, a pesar de que, ETA «sigue sin colaborado en resolver los delitos». Unos movimientos, dijo, que son una «traición a la memoria de los muertos».

El PSOE se posicionó desde el principio en contra del texto. «Hacen política con el dolor de las víctimas del terrorismo», reprochó el socialista Miguel González Caballero. «Ustedes no han venido a defender a las víctimas, sino a atacar al Gobierno. Su propuesta no tiene rigor jurídico», abundó González.

Desde Bildu, Jon Iñarritu, denunció que la proposición popular «va de utilizar a las víctimas para hacer política». «Esta propuesta es el derecho penal del enemigo», aseguró el diputado abertzale. «Es anticonstitucional porque la propia carta magna certifica que el fin (de las penas privativas de libertad) deberá ser la reinserción. Esto está más cerca de la revancha y la venganza que de la justicia», afirmó Iñarritu.

En una línea muy similar se posicionó el PNV. «Es una proposición que manifiesta una desconfianza hacia la justicia, los juzgados de vigilancia y a los profesionales de instituciones penitenciarias», apuntó Mikel Legarda, quien criticó la «visión represora» de la iniciativa popular, que «trata de restringir el modelo de individualización» de la pena.