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Lo que a lo largo del día representó el primer traspiés parlamentario para Pedro Sánchez en el inicio del curso político se transformó casi a medianoche del miércoles, hora española, en una amenaza por parte del chavismo que controla las instituciones de Venezuela. El ... pleno del Congreso aprobó la proposición no de ley (PNL) del PP, debatida el martes, por la que la mayoría de la Cámara insta al Gobierno de Sánchez a reconocer al candidato opositor Edmundo González «como el legítimo ganador» de las elecciones presidenciales del 28 de julio frente a Nicolás Maduro, que a su vez se atribuye la victoria. El gesto, no vinculante y que el presidente del Gobierno ya ha anticipado que no va a atender para extender la vía negociadora, fue respondido poco antes de las once de la noche (hora española) por una petición del presidente del Parlamento venezolano para que los diputados requieran al Ejecutivo de Maduro la ruptura «inmediata» de relaciones «diplomáticas y comerciales» con España.
La reacción se produjo como una suerte de espejo de lo ocurrido en el Congreso español horas antes. El refrendo por la Cámara baja española –un triunfo para el PP, impulsor del reconocimiento de González, bajo asilo político en Madrid desde el domingo, y que ha sumado a Vox y UPN pero también al PNV y Coalición Canaria, apoyos ambos de la investidura de Sánchez, fue respondido por el requerimiento de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea venezolana y hombre de confianza de Maduro, a los diputados para la quiebra entre ambos países. Rodríguez, iracundo, llegó a aseverar que éste es «el atropello más brutal» contra la soberanía de su país desde la independencia y lo equiparó a «una declaración de guerra. La incógnita es si el régimen consumará su amenaza dados los intereses económicos en juego.
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Miguel Ángel Alfonso
En clave interna y pese a que la PNL no es vinculante para el Ejecutivo, lo aprobado este miércoles constituye de un serio aviso que pone de relieve la debilidad parlamentaria de la coalición que forman PSOE y Sumar. El mandato ha salido delante con el apoyo del PP, Vox, PNV y Unión del Pueblo Navarro, pero también con los de Coalición Canaria y el PNV, partidos que respaldaron la investidura de Sánchez y que los populares han conseguido atraer a su iniciativa. Los nacionalistas vascos dejaron las rencillas con el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo a un lado en el debate celebrado el martes y, como defendió su portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban, prefirieron evitar favorecer al régimen de Maduro, con el que se muestran muy críticos.
Los socialistas y el partido de Yolanda Díaz, por su parte, votaron en contra junto al resto de los socios habituales del Gobierno. Eso sí, Junts no participó en la votación porque sus diputados abandonaron el Congreso, entre protestas hacia la presidenta del órgano, Francina Armengol –le pidieron retrasar la votación al jueves–, una vez celebrada la sesión de control al Gobierno y para asistir a las movilizaciones por la Diada en Cataluña; y el exministro socialista José Luis Ábalos optó por la abstención, desmarcándose por primera vez en la legislatura de la disciplina de su antiguo partido en una maniobra que ya se interpreta como un aviso hacia Ferraz.
Pero a pesar de lo simbólico de la declaración parlamentaria, Sánchez prefiere mantener su posición oficial y no recoger, por ahora, un guante sobre que tampoco se ha lanzado la Unión Europea. El presidente del Gobierno, de viaje oficial en China, optó -horas antes del mensaje recibido del Congreso- por orillarlo y por recalcar que su Ejecutivo trabaja por fijar una postura común de los socios europeos respecto a la situación en Venezuela que permita tener «margen de mediación» con este país hasta fin de año –la investidura del nuevo mandatario venezolano se producirá en enero–. Y reprochó, al mismo tiempo, lo que califica de «incongruencias» del PP, tras impulsar con su iniciativa parlamentaria el reconocimiento de Edmundo González como presidente del país sudamericano.
En su comparecencia ante los medios, Sánchez insistió desde Pekín en que permitir la llegada de González a España fue «un gesto de humanidad y un compromiso civil» de la sociedad española y de su Gobierno con personas que están «sufriendo persecución y represión». El presidente defiende que, desde la celebración de las elecciones, el Ejecutivo se ha afanado en pedir la publicación de las actas y que en ningún momento ha reconocido la victoria de Maduro. También incidió en que su foco está en la UE «para que esa unidad nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano», señaló.
El jefe del Ejecutivo considera que esta posición es «de puro sentido común» y reprocha a la oposición que se oponga de manera sistemática a las iniciativas del Gobierno.
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