Sánchez logra entre duros reproches el aval holgado del Congreso a seis meses de alarma

Sánchez, que durante la primera ola de la pandemia de coronavirus asumió un enorme protagonismo, no quiso exponerse esta vez al desgaste de defender ante la Cámara baja nuevas restricciones para una ciudadanía que acusa ya el peso de meses de sacrificios. Y no solo delegó la tarea en su ministro de Sanidad, Salvador Illa, sino que apenas estuvo presente unos minutos en el Hemiciclo.

La persistente imagen del escaño del jefe del Ejecutivo vacío propició ácidas críticas durante las casi cinco horas que se prolongó el debate. Primero fue el líder del PP, Pablo Casado, quien con su imprevista intervención (los populares habían anunciado que sería su portavoz, Cuca Gamarra, quien expondría su posición) acusó a Sánchez de esconderse. «¡Qué envidia observar a Merkel y Macron comparecer para decir que lideran la lucha contra la pandemia!». Luego le siguió Vox. «El emperador ha decidido que este debate que va a afectar de manera letal a los españoles no iba con él», dijo Santiago Abascal.

La queja, sin embargo, fue transversal. «Si el Gobierno pide a la sociedad una confianza excepcional, como es nada menos que un estado de alarma de seis meses de duración -recriminó el líder de Más País, Iñigo Errejón- tiene que solicitarlo el presidente como forma de respeto a esta Cámara». También el portavoz de Compromís atacó por el mismo flanco: «No es presentable que tengamos que oírle mientras comemos paella el domingo y no aquí en el Congreso». Y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas: «Sólo faltaba que la señora Calvo ponga un bolso...», apuntó rememorando el impacto que causó el de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría sobre el sillón de un ausente Mariano Rajoy en la moción de censura de 2018.

El reproche puso el foco en el que, para la inmensa mayoría de partidos, era el punto flaco de la iniciativa gubernamental. A estas alturas de la pandemia nadie se atreve a negar que sea preciso limitar la movilidad y el derecho de reunión. Como recordó el propio Illa, hasta diez comunidades autónomas habían pedido ya al Gobierno que decretara el estado de alarma. Pero pocos (el único que no puso pega fue el PNV) consideraban aceptable que semejante recorte de las libertades públicas pueda mantenerse por medio año sin control parlamentario.

La presión llevó el martes al Ejecutivo a aceptar que Sánchez rinda cuentas cada dos meses sobre la ejecución de la alarma; algo a lo que hasta entonces se oponía con el argumento de que en realidad no será él sino los presidentes autonómicos, en los que el decreto delega la autoridad, quienes le den desarrollo. Pero el gesto, plasmado en una enmienda impulsada por ERC, es meramente simbólico. El presidente comparecerá y los grupos podrán decir lo que consideren oportuno pero el Parlamento no podrá ya modular la excepcionalidad.

La inmensa mayoría de los grupos aceptó, siquiera a regañadientes, dar su aval a los seis meses de limitación de derechos a cambio de esa rendición de cuentas de Sánchez, que irá acompañada de otra mensual de Illa ante la Comisión de Sanidad, pero el PP advirtió de que elevará el asunto a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa la decisión, a pesar de optar por la abstención para, según dijo su presidente, Pablo Casado, no dejar a los presidentes autonómicos sin marco jurídico para tomar las decisiones pertinentes frente a la pandemia. Vox, mientras, ya tiene previsto recurrir al Tribunal Constitucional.

El 'sí' de buena parte de los socios de investidura, al que también se sumó esta vez Ciudadanos -una cuadratura del círculo que el Gobierno aspira a repetir con los Presupuestos- no estuvo, en todo caso, exento de críticas; empezando por las del portavoz de Esquerra. Gabriel Rufián insistió en la falta de talante democrático. «Ya vale de que tengamos que torcerles el pulso para que venga aquí a dar explicaciones», dijo. Pero más allá, lanzó una advertencia: «La derecha y la ultraderecha no deben ser la excusa para que la izquierda de esta Cámara apruebe todo; algún día, simplemente, se les acabará la suerte».

En la antesala de la negociación de las cuentas públicas para 2021 la frase tiene cierta carga de profundidad. Esquerra y Bildu (que como en la investidura optó este jueves por la abstención) no quieren oír hablar de un pacto en el que esté también Ciudadanos y Rufián aprovechó la ocasión para lanzar algunas exigencias. Llegó a advertir a la coalición de Sánchez e Iglesias de que corre el riesgo de «regalar» el discurso a Vox y hacer que Santiago Abascal «parezca aliado de la clase trabajadora» y exigió la aprobación de un «paquete social» que conlleve el refuerzo del sistema sanitario, la moratoria de los alquileres, una renta básica universal, la suspensión de desahucios y una reforma fiscal «valiente».