El Congreso ha convalidado este jueves, sin ningún voto en contra, el real decreto ley que reforma el subsidio de desempleo y que fue tumbado en enero con los votos en contra de PP, Vox y Podemos, estos últimos, al interpretar que existía un recorte ... en las prestaciones para los mayores de 52 años. La Cámara baja lo hará, además, por la vía urgente. La encargada de defender la medida por parte de Sumar ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, frente a las críticas de la diputada de los morados Noemí Santana, que le ha afeado «el tiempo perdido».
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La vicepresidenta también ha defendido el decreto desde la tribuna alegando que es una norma cuya puesta en marcha «no debería haberse dilatado un minuto más», pues supone que «quien peor lo pasa» cobre 90 euros más al mes, lo que, a su juicio, puede suponer la diferencia entre «comer fruta fresca y pescado o no comerlo». «No es una paguita, señorías, es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca, pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor», ha remachado.
El rifirrafe entre ambas formaciones de la izquierda no ha llegado a más ya que, en el fondo de la cuestión, estaban de acuerdo. Todo ello pese a que la medida sale adelante una semana después de la dimisión de Díaz de sus cargos al frente de Sumar y mientras Podemos da por válido el resultado del pulso de las europeas, cuando consiguieron 3 y 2 eurodiputados respectivamente.
La medida elevará el subsidio por desempleo a los 570 euros mensuales durante los primeros seis meses de percepción. Después, irá descendiendo hasta llegar a los 480 euros mensuales, una cuantía que se podrá percibir hasta pasados 30 meses.
También elimina la reducción de las bases de cotización de cara a la jubilación que incluía la primera versión –motivo por el que Podemos votó en contra de la norma–, y se extiende el subsidio por desempleo a las mujeres mayores de 16 años víctimas de violencia de género y a los españoles emigrantes retornados que no tenían derecho a prestación contributiva.
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