ERC, aliado parlamentario del Gobierno, solicitó este martes citar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión que investigará en el Congreso el llamado 'caso Pegasus', es decir, el espionaje a líderes independentistas. Como ocurre con las propuestas para la operación Cataluña, se trata ... de un paso previo a la lista definitiva que tendrán que acordar los grupos de la comisión correspondiente, por lo que no tiene visos de prosperar por el previsible bloqueo socialista.
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El PSOE, precisamente, fue tajante hoy con la otra solicitud de Esquerra y la intención de Junts de citar a varios jueces y magistrados para que comparezcan en las comisiones de investigación creadas en el Congreso. «No pueden venir a hablar de cuestiones de las que hayan formado parte de lo que ellos han juzgado y de lo que ellos han intervenido», zanjó el portavoz parlamentario de los socialistas,Patxi López.
El escollo para el Gobierno en esta cuestión radica en que los independentistas exigieron la creación de comisiones de investigación sobre el 'caso Pegasus', la llamada Operación Cataluña y los atentados yihadistas de 2017 como condición para ayudar a PSOE y Sumar a conquistar la mayoría en la Mesa del Congreso.
Esta mañana, ERC, en su lista de comparecientes para la comisión de la 'Operación Cataluña' incluyó, entre otros, al juez Manuel García Castellón, que en la Audiencia Nacional instruye la causa de Tsunami Democrátic en la que se achaca terrorismo a los políticos independentistas Carles Puigdemont y Marta Rovira; también a José Ramón Navarro, presidente de dicho tribunal, entre otros.
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Todo ello cuando el Congreso se prepara para dar luz verde a la ley de amnistía, la norma clave de la legislatura. Será este jueves en un pleno extraordinario, cuatro meses después de que el PSOE registrara en solitario la proposición legislativa.
La medida tuvo que volver a la Comisión de Justicia el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes, el 30 de enero, Junts votara en contra en el pleno de la Cámara Baja. Y el pasado jueves, último día de plazo para emitir un nuevo dictamen, dicho órgano aprobó el nuevo texto tras haberse acordado una enmienda entre el PSOE y los independentistas.
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El texto quedó así listo para volver al Congreso y fue esta mañana cuando la Junta de Portavoces puso fecha a este debate. Como el orden del día del pleno de esta semana ya estaba cerrado y su modificación exigía una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, los promotores de la ley optaron por convocar un segundo pleno el jueves en el que votará la proposición de ley.
Es probable que –al igual que en ocasiones anteriores y a petición del PP–, además, la votación se lleve a cabo por llamamiento. Una vez que reciba el visto bueno de la mayoría parlamentaria la iniciativa se enviará al Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta y el pasado noviembre modificaron el reglamento con el fin de retrasar la ley hasta un máximo de dos plazos.
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Lo que sí han dejado claro los de Alberto Núñez Feijóo en reiteradas ocasiones es que no atenderán la exigencia de Vox de utilizar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para no admitir a trámite la norma. Los de Santiago Abascal solicitaron ayer una medida cautelar al Tribunal Constitucional para suspender el pleno del jueves.
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