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M. Balín
Madrid
Jueves, 18 de junio 2020, 23:51
La Comisión del Estatuto de los Diputados votó este jueves a favor de tramitar el suplicatorio para que la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, sea juzgada por el Tribunal Supremo por un presunto caso de corrupción. Más que la decisión, que se ... daba por supuesta, lo interesante fue ver el resultado de la votación. Como era de esperar, una mayoría de PSOE, PP, Vox y Cs respaldó el suplicatorio contra la parlamentaria, Unidas Podemos se abstuvo, PNV y JxCat, como es lógico, votaron en contra, y ERC y EH Bildu directamente no participaron.
La posición de Esquerra ha llamado mucho la atención, porque desde las filas de sus compañeros de gobierno en Cataluña hubo mensajes para que rechazaran el suplicatorio en un gesto de unidad independentista. Sin embargo, el representante del partido republicano en la comisión, el diputado Joan Josep Nuet, explicó, por un lado, que el juicio del Supremo a Borràs no será «justo», y por otro, que tampoco estaban dispuestos a «blanquear» supuestas prácticas corruptas o fraudes administrativos como la investigación a Borràs.
Terminado el paso del suplicatorio por la comisión, ahora falta el aval del pleno del Congreso, lo que ocurrirá el próximo jueves a puerta cerrada, tal y como establece el reglamento para aquellos dictámenes que elabore la Comisión del Estatuto de los Diputados que «no afecten a las incompatibilidades» de los parlamentarios.
Si la votación es favorable al suplicatorio, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicará la decisión al Tribunal Supremo y Borràs, por tanto, será juzgada por un tribunal de la Sala Segunda (de lo Penal) probablemente a la vuelta de vacaciones.
A la portavoz de JxCat, que está defendida por el abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, Gonzalo Boye, le acusan de delitos de malversación, falsedad y fraude a la administración por la concesión de una serie de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El suyo es el primer suplicatorio de esta legislatura.
En concreto, en la exposición razonada remitida por un juzgado de Barcelona se investigan las presuntas irregularidades en 18 contratos que la ILC adjudicó a la empresa de Isaías Herrero, amigo personal de la parlamentaria.
La Fiscalía del Supremo aprecia claros indicios de que, entre 2013 y 2017, Borràs «abusó» de su condición de directora del organismo público para adjudicar «directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática», cuyo importe total ascendió a 259.283 euros sin IVA, a favor de su «amigo».
En junio de 2015, Borràs le mandó un correo a Herrero «indicando los (contratos) que son OK de los que no son OK», y en otra ocasión ésta le pide que le pase unos presupuestos «y los miramos conjuntamente y hacemos los retoques que sean necesarios».
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