El Congreso admite la propuesta de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza

La fechas que se barajan es el 25 de febrero o el 11 de marzo. Dependería de si Esquerra, que tiene cupo el primero de ambos días, lo usa para introducir alguna PNL. En caso negativo, podrán usarlo los junteros. Todo después de que el PSOE haya canjeado la iniciativa a cambio del apoyo a a convalidación del nuevo decreto ómnibus que incluye la subida de las pensiones, las ayudas al transporte, y a los afectados por la dana, además y otras medidas del llamado escudo social, y que llegará al pleno del Congreso el jueves 13 de febrero, como también ha fijado la Mesa.

Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre y desde el principio los letrados del Congreso no pusieron ningún obstáculo a su calificación y su debate. No obstante, y a instancias del PSOE, que tiene mayoría con Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión y evitó hasta dos veces autorizar su tramitación.

En concreto, los servicios jurídicos indicaron que, ante la ausencia de precedentes similares, la Mesa del Congreso puede adoptar cualquiera de las posibilidades en su mano: dar trámite a la iniciativa tal y como está, incluir una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite. Los letrados subrayan,  eso sí, que al tratarse de una proposición no de ley sin efectos jurídicos y que no obliga al Gobierno a cumplirla, no veían obstáculo para su debate en el pleno. En todo caso, el órgano de gobierno de la Cámara no ha solicitado más documentación a los letrados.

Eso sí, en la nueva redacción de la propuesta, que originalmente instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, Junt ahora solo anima a Sánchez a «considerar la oportunidad» de plantearla, para dejar claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno.