El Congreso acelera la reforma del Poder Judicial para limitar sus competencias

De esta forma, los plazos de tramitación de la norma se acortan a la mitad con lo que el actual Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes, podría quedar privado de la potestad de hacer nombramientos relevantes antes de marzo. Aunque la oposición tiene todavía una posibilidad de dilatar los plazos si presenta una enmienda a la totalidad contra la reforma con texto alternativo lo que obligaría a convocar un pleno en febrero para debatirla y votarla. De momento, la decisión de la Mesa abre un plazo de ocho días para la presentación de enmiendas.

Sin mayoría parlamentaria, los socialistas están condenados a entenderse con los populares para desbloquear la renovación del Poder Judicial. El pasado 15 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó al líder del PP, Pablo Casado, en un último intento de acercar posturas, pero el pacto no fue posible.

Los conservadores no cierran el acuerdo porque no se permite a los jueces la elección de todos los vocales de procedencia judicial, porque no se excluye a Podemos y porque tampoco se ha retirado la propuesta de reforma de la Ley del Poder Judicial que los socios de coalición llevaron al Congreso hace unos meses para rebajar las mayorías en la elección de los vocales. El PSOE se resiste a tramitar esa reforma porque suscita dudas jurídicas y porque ha sido objeto de sendas llamadas de atención de la Comisión Europea y del Consejo de Europa por intromisión en el Poder Judicial.

En la reunión, la Mesa rechazó además el requerimiento hecho por el propio Consejo para exponer su opinión sobre una propuesta que afecta de lleno a sus competencias constitucionales. Al registrar la reforma como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno el PSOE y Unidas Podemos evitaron los informes preceptivos, pero no vinculantes, del propio Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.

El órgano de gobierno de los jueces, muy crítico con el intento del Gobierno de coalición de limitar sus competencias con el mandato caducado, solicitó también a la Cámara que escuchara las sugerencias del Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, y las de las asociaciones de jueces y fiscales. Una petición que había sido cursada también por el PP, que reclamaba que se diera voz a todos los implicados en la reforma alegando su «manifiesta inconstitucionalidad».

Los populares presentarán un escrito de reconsideración ante la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, porque estiman que la urgencia no está justificada.