El PP confronta el impuesto del Gobierno con un plan para hogares hipotecados

El PP, por tanto, no se ahorra críticas contra los nuevos gravámenes y contra la actitud del Gobierno en defensa de su proyecto fiscal, que sigue adelante tras la publicación del dictamen del BCE sobre el impuesto bancario. Así, desde Argentina, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, criticó a Pedro Sánchez por descalificar al Banco Central Europeo después de que la institución emitiera el documento matizado contra el tributo. El pasado viernes, el presidente del Gobierno, en su caso desde Portugal, cargó contra el vicepresidente del BCE y exministro de Economía con el PP, Luis de Guindos, cuando éste dijo que el afán del organismo y su informe era ayudar al Gobierno. Feijóo, en el transcurso de una conversación con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, vinculó esta actitud de Sánchez con el que tildó de «tic» del Gobierno de «ocupar las instituciones». «Llega el presidente del Gobierno y deslegitima al BCE. ¿Por qué? Porque en España el Gobierno tiene el tic de ocupar las instituciones. Y cuando alguna dice algo que perjudica al Gobierno, automáticamente esa institución está en contra de España», manifestó el líder popular.

«El Gobierno, todo lo que le va en contra, lo critica», había afirmado horas antes Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, quien afeó a Pedro Sánchez que cargara contra el BCE, que financia la deuda española, y que también el Ejecutivo haya criticado al Banco de España y a otras instituciones, como la AIReF.

El PP respalda y defiende que el informe del BCE le da la razón en su diagnóstico del tributo: «Nosotros ya planteamos lo que ha dicho el BCE: el impuesto podía encarecer la financiación, reducir el dinero para préstamos y que la normativa comunitaria plantea que hay que repercutirlo a los clientes. Se hacen anuncios buscando responsables y se olvidan los criterios técnicos», explicó Bravo, que recordó que el dictamen del Eurobanco se aprobó por unanimidad de todos sus miembros.

Bravo también quiso transmitir que el impuesto extraordinario sobre la banca se recurrirá a los tribunales y «se tendrá que devolver en tres o cuatro años». Por eso, continuó, le invita al Gobierno a que no haga eso, que no use el impuesto extraordinario sobre la banca, y cree un fondo de apoyo para ayudar a los hipotecados financiado con recursos estatales y también procedentes de las entidades financieras. Es un reconocimiento explícito el que hace el PP de la existencia de beneficios extraordinarios en el sector bancario en esta coyuntura y apela a que, con acuerdo, las entidades aporten en la creación de ese fondo para dar ayudas directas a los hogares con hipoteca. Aunque sobre esta medida Bravo no dio más detalles.

El plan que presentó el PP este lunes en Génova incluye también una recuperación temporal de la deducción por compra de vivienda durante dos años, 2023 y 2024, para hogares que suscribieron un crédito hipotecario a partir del año 2013, que son los que no disfrutan de ese beneficio fiscal, puesto que fue entonces cuando se suprimió.

El programa recoge que los beneficiarios de la nueva desgravación serían hogares con rentas hasta 40.000 euros -ampliable hasta los 60.000 euros, con una cuantía descendente en el volumen del beneficio fiscal-. La deducción sería del 5% sobre el capital y del 15% sobre los intereses abonados con una base límite de 5.000 euros y con un descuento máximo de 750 euros. Para las rentas más bajas que no abonan cuota por IRPF se contempla un impuesto negativo con el mismo beneficio potencial.

Consciente de las críticas y el consenso en contra que la deducción por compra de vivienda cosecha entre los economistas por sus efectos en la subida de los precios del mercado inmobiliario, Bravo defendió que el año pasado ya se observó récord en la venta de inmuebles sin que estuviera presente la desgravación y remarcó que la medida será temporal, porque confía en la recuperación de la economía española, lo que la hará innecesaria.

El Partido Popular también contempla la recuperación de las medidas del Real Decreto 6/2012 que recogía el código de buenas prácticas acordado con el sector financiero y que incluía medidas como la reestructuración de la deuda para hogares hipotecados, la posibilidad de aplicar quitas a determinados perfiles o la figura de la dación en pago.

Y una cuarta medida del paquete popular incluiría la opción de incrementar los plazos de amortización de la hipoteca para que sea posible rebajar las cuotas temporalmente.

Son medidas, defendió Bravo, que buscan el consenso con las entidades financieras y, a diferencia de lo que hace el Gobierno, remarcó, sin buscar «culpables» ni «responsables».