El confinamiento y la «radicalización» política disparan un 27% los delitos de odio

La experiencia acumulada en esta especialidad, añade la memoria conocida hoy, «permite comprobar que la palabra precede a la acción, que la creación de un clima de hostilidad, odio o rechazo hacia los colectivos favorece que, más tarde, se ejecuten acciones violentas contra las personas individuales«. Frente a ello, responde el Ministerio Fiscal, »la sociedad nos reclama una respuesta penal firme, al tiempo que una eficaz protección y reparación de las víctimas«.

La creación de una unidad especializada contra los delitos de odio y discriminación, en virtud de una ley que entró en vigor en julio pasado, «supondrá un impulso» para atajar este tipo de actitudes delictivas, que encuentran un abundante granero en las redes sociales y el anonimato.

Además de aumentar un 27% los procedimientos penales abiertos por delitos de odio (se ha pasado de unos 1.434 en 2020 a 1.824 en 2021), se observa un importante incremento del 44% en los escritos de acusación presentados el pasado año, de 135 se ha pasado a 195.

Los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%; la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%; y en tercer lugar la ideología, con un 19,2%, como consecuencia del enconamiento del debate político. Una circunstancias que ya se vislumbraba en anteriores memorias de la Fiscalía.

Se consolida también la tendencia alcista de los delitos de odio cometidos a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), que están presentes ya en el 20% de los procedimientos tramitados por estos tipos penales, uno de cada cinco. De los 80 casos tramitados en 2020 se ha pasado a 221 el pasado curso, un 175% más.

Por este motivo, se ha puesto en marcha un protocolo en la Unidad Especializada de Criminalidad Informática para combatir el discurso del odio en línea, ya que «la velocidad con la que la información se difunde, la facilidad para viralizar y la perdurabilidad del entorno en línea entrañan situaciones de riesgo que en ocasiones resultan difíciles de combatir, aumentando el daño a las víctimas», explica la memoria anual.

Respecto a la respuesta penal, la Fiscalía sostiene la necesidad de solicitar medidas cautelares como el bloqueo o la retirada de los contenidos ilícitos en los casos de discurso de odio en la red; instar durante la instrucción su declaración como testifical preconstituida ante el riesgo de que la víctima no sealocalizada para el acto de juicio oral; instar que se elaboren informes periciales sobre el impacto emocional y psicológico de los hechos en la víctima; y solicitar siempre, salvo renuncia de aquella, una indemnización por los daños morales derivados del delito.

La Fiscalía lanza además un mensaje al legislador al reclamar una nueva reforma que unifique definitivamente los móviles discriminatorios presentes en la agravante del artículo 22.4. del Código Penal y en los distintos tipos penales de delitos de odio, que suponen un castigo de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses.