Condenan a Gas Natural a pagar 7 millones por la explosión de gas que dejó 9 muertos en Palencia

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia, llega casi seis meses después de que el pasado 16 de octubre arrancase el juicio civil en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Palencia (preparada para la ocasión para que fuese utilizada por el Juzgado de Instrucción Número 1) y se prolongase por espacio de catorce sesiones, hasta quedar visto para sentencia el pasado 10 de noviembre. Ese día, durante su escrito de conclusiones, la defensa de Gas Natural se dedicó a intentar rebatir las pruebas e informes aportados por las diferentes partes demandantes (en la causa se presentaron 34 demandas, incluidas las del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, esta última administración a través de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística SA).

El letrado quiso demostrar que no puede afirmarse categóricamente que la empresa Gas Natural tuviera algún tipo de responsabilidad en la explosión y sembró de de dudas las declaraciones de los peritos presentados por las demandantes. Además, insistió en la posibilidad de que la explosión se hubiese debido a una fuga de gas butano procedente de una bombona, y prestó también una especial atención al foco de origen de la explosión, insistiendo de forma reiterada en que numerosos técnicos y peritos habían dejado demostrado que se había situado en la tercera o en la cuarta planta, lo que, desde su argumentación, contradice la versión de que una fuga de gas natural procedente de la válvula de acometida general, situada en el exterior del edificio, hubiese provocado la deflagración.

Por su parte, las acusaciones coincidieron un día antes en sus escritos de conclusiones en responsabilizar a Gas Natural de la explosión de gas, y consideraron probado que hubo una fuga de gas natural que formó una bolsa en el interior del número 4 de la calle Gaspar Arroyo, que la fuga estuvo en la válvula de acometida del edificio y que esta válvula no se dañó durante su extracción para hacer las pruebas. El letrado de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo destacó que todos los informes periciales de las instituciones públicas, del CSIC, del INTA y de la Junta de Castilla y León eran unánimes y habían sido realizados por profesionales independientes.

La sentencia del Juzgado de Instrucción Número 1 de Palencia da la razón a los demandantes en la vía civil, después de que en octubre de 2010, el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palencia archivara la investigación seguida para determinar si existían indicios penales en la actuación de la empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones de gas. El archivo del caso no era firme, y los afectados recurrieron a la Audiencia, pero, en junio de 2011, el alto tribunal archivó definitivamente las diligencias para determinar si existió un delito de imprudencia que diera lugar al accidente.