Condenados cuatro guardias civiles por integrar una red internacional de narcotraficantes

La implicación de cuatro agentes del instituto armado causó bastante preocupación en su día entre mandos de la Guardia Civil, ya que Isla Mayor, cerca del parque nacional de Doñana, es una zona de tránsito sensible para este tipo de grupos. Además, los funcionarios reconocieron los hechos a la Fiscalía Antidroga y negociaron su condena. Todos a excepción del sargento Francisco Javier C. B., comandante del puesto, que recibió la pena más dura: 14 años y tres meses de cárcel por delitos de tráfico de drogas, con pertenencia a organización, blanqueo de capitales y cohecho. Para el resto, la Sala acepta la atenuante analógica de reconocimiento de los hechos.

La sentencia relata en sus hechos probados que, en abril de 2016, el sargento mantuvo varios contactos con el jefe de la organización, 'El negro', a quien le ofreció la protección de los miembros de la Guardia Civil de su comandancia para facilitarle la entrada del hachís a través del río Guadalquivir a cambio de dinero, llegando a un acuerdo que suponía la entrega de 6.000 euros al inicio y otros 20.000 cada vez que terminase con éxito una operación.

Tres compañeros de la Comandancia, según el tribunal de lo penal, estaban de acuerdo con su sargento para llevar a cabo dicha actuación, que consistía en facilitar información de los lugares y momentos en los que se iban a realizar las patrullas de la Guardia Civil «para evitar coincidir con la entrada del hachís». Además, informaban de la titularidad de cualquier vehículo sospechoso que temiesen que les podía vigilar en sus transportes o descargas, «y trataban de averiguar si podían estar siendo objeto de investigación por otras comandancias» aledañas.

También hicieron entrega al 'cabecilla' de una llave para abrir la cancela de la denominada 'Bomba del Quini', en la zona del Matochal, con acceso a un brazo del río Guadalquivir restringido al formar parte del entorno del parque de Doñana, lo que facilitaba el desembarco del hachís en una zona protegida.

La Sala rechazó la tesis del sargento de que fingía participar en operaciones de tráfico de drogas con la finalidad de captar información. Sus manifestaciones «carecen de la más mínima verosimilitud», pues «de ser cierto que el sargento trataba de descubrir operaciones de narcotráfico su principal preocupación debería haber sido la responsabilidad de sus propios hombres, que no se le hubiese podido ocultar».

Asimismo, la sentencia apunta también que «nada puede explicar las largas conversaciones que tiene con su segundo, el guardia civil Luciano M., en las que hablan de reparto de dinero y del paso de las 'gomas', en referencia a lanchas neumáticas». En este sentido, la Sala ha tenido en cuenta las confesiones de otros acusados respecto a la participación del sargento. Del mismo modo, ha ordenado que se decomise una cantidad de dinero a las esposas de tres guardias civiles al considerar que son «partícipes a título lucrativo», es decir, que se beneficiaron del dinero obtenido sin saber su procedencia.