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Cristian reino
Barcelona
Martes, 9 de junio 2020, 11:53
Nueve años después, la Audiencia de Barcelona ha condenado a 2 años y 4 meses de prisión, por dos delitos de lesiones, al subinspector de los Mossos d'Esquadra, Jordi Arasa, responsable del desalojo de la acampada de los indignados del 15-M de ... la plaza Cataluña de Barcelona en mayo de 2011. Un desalojo muy criticado en su día por la contundencia que emplearon los agentes de la Policía catalana y que ahora una sentencia judicial sanciona penalmente al jefe del operativo.
El juez también le ha impuesto una indemnización de 1.500 euros por las lesiones causadas y la suspensión de cargo público durante el tiempo de condena. La sala ha absuelto al acusado de dos faltas de lesiones y del delito contra la integridad moral.
La sentencia concluye que el acusado tuvo una actuación «injustificada» durante el desalojo de los jóvenes indignados. «La acampada se enmarcaba en un acto de protesta ciudadana pacífica«, según el fallo y en «ninguno» de los casos estaba justificado que el mando policial hiciera uso de su defensa y «no cabe hablar de error» porque no actuó ante una situación de riesgo para proteger ningún bien jurídico ni se lo podía representar así de ninguna manera. «No hemos visto ninguna situación que justificara golpear a los ciudadanos», según la sentencia.
«La actuación de los Mossos tenía como objetivo posibilitar la entrada y salida de los camiones de la limpieza y para ello en ningún caso está justificado golpear a ninguna persona», remata. El fallo judicial remarca que «no hubo enfrentamientos» entre los indignados con la policía, y que las líneas policiales «no se hicieron para contener a la gente sino para controlar que nadie saliera o entrara de la plaza». Pero no hubo ningún intento de superar esas líneas y abordar la plaza. «No hubo ningún incidente que justificara las cargas policiales con defensas contra personas sentadas», reitera. «No había situación de tensión porque la gente estaba sentada de forma pacífica», reitera. La sentencia recuerda que el acusado era el jefe de la ARRO (unidad antidisturbios), es decir, se le «presupone que sabe controlar la situación y no dejarse llevar por una tensión que en este caso tampoco apreciamos».
La sentencia da por probado que el responsable del operativo usó la fuerza de forma gratuita y pone algunos ejemplos. «Se acercó a una de las indignadas por detrás, le cogió por los pelos y le golpeó dos veces con su defensa en el muslo y en la pierna», relata. La joven «estaba sentada hablando con unas amigas. El ambiente en ese momento en esa zona era tranquilo, no estaba insultando, ni agrediendo ni arrojando nada a los agentes, sino que estaba sentada pacíficamente hablando con sus amigas«, señala.
La causa judicial por carga de los Mossos contra los indignados, por la que fue duramente criticado el Govern de Artur Mas y más en concreto el consejero de Interior, Felip Puig, arrancó hace 9 años. La querella fue archivada en un primer momento. La imputación del acusado se ordena en el año 2013. Y no es hasta el 2 de noviembre de 2016 cuando se dicta auto acordando la continuación de las actuaciones. Según el fallo, la causa estuvo parada sin causa que lo justifique.
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