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Montserrat González y su hija Triana Martínez, condenadas a 22 y 20 años de prisión respectivamente por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, han mostrado por primera vez su arrepentimiento por su participación en el crimen de la destacada ... dirigente regional del Partido Popular. Unos hechos que tuvieron lugar en la capital leonesa el 12 de mayo de 2014 y que causó una gran conmoción en la opinión pública y en la clase política nacional.
En sendos escritos remitidos al Juzgado de Vigilancia Penitenciario de Oviedo, competente para decidir sobre la situación carcelaria de las internas de Villabona (Asturias), piden disculpas «sinceras, plenas y absolutas por el daño causado» y prometen que su comportamiento futuro «nunca jamás será doloroso» para la familia de Isabel Carrasco.
Los escritos llegan diez años y siete meses después de entrar en prisión tras ser detenidas la misma tarde del asesinato. Una década larga de reclusión que han pasado en tres centros penitenciarios diferentes, compartiendo celda y donde acumularon al comienzo bastantes sanciones por mal comportamiento. En este periodo solo han podido dejar la trena para asistir al funeral del marido y padre de la familia, el inspector de la Policía Nacional Pablo Martínez, fallecido por el coronavirus en noviembre de 2020.
La sentencia firme consideró a Montserrat autora material del asesinato tras tirotear por la espalda a la dirigente del PP cuando cruzaba un pasarela sobre el río Bernesga, en León, mientras que Triana fue castigada como cooperadora necesaria del plan criminal. La tercera condenada a 14 años como encubridora fue la policía local de León Raquel Gago, que está en tercer grado (semilibertad) desde septiembre de 2023.
En los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, que vienen acompañados de una carta dirigida a la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, María Elvira Gutiérrez, las reclusas muestran su pesadumbre de forma «íntima y sincera» por los hechos que las llevaron a prisión en 2014.
Este cambio de registro, alejado por ejemplo de la actitud fría y distante de Montserrat durante el juicio, donde llegó a admitir que «mentiría si dijese que estoy arrepentida», se produce «tras una profunda y sosegada reflexión y un acto de contrición para ponerse del lado de quien fue ofendido y mostrar su gran pesar por lo que acaeció». Una conducta que sirva también de ejemplo «a toda la sociedad», detallan los escritos de Fernando Pamos de la Hoz, abogado de las dos condenadas.
El defensor explica que los años de internamiento «en condiciones muy duras (hacinamientos, convivencia, normas rígidas, carencias y falta de libertad) producen un ánimo en el ser humano proclive a la reflexión y la introspección». Por este motivo, remacha que «fruto de esos años, que los plurales informes de los diferentes profesionales de la Junta de Tratamiento avalan, se han configurado dos personalidades muy distintas a las que en su momento cometieron los hechos».
«La humildad, la conciencia por el daño causado y la creencia en la necesidad de dirimir los conflictos con el diálogo han arraigado en su ser más íntimo y ya conducen su vida», asegura el abogado. «Supone una suerte de desideologización» del rencor, la obsesión y el «odio profundo» -en palabras del fiscal del caso- que motivaron la muerte de Carrasco por las rencillas laborales y personales que mantuvo con Triana, según explicó su madre en el juicio. «Le hacía la vida imposible, era ella o mi hija. Tan solo he hecho justicia», admitió entonces la autora material del crimen.
La misiva, fechada en Villabona el pasado 9 de diciembre, está dirigida a la jueza Gutiérrez y consta de cinco puntos. Afirman «que la violencia no debe ser nunca el medio de dirimir controversias de ningún ningún tipo»; rechazan «cualquier clase de acción que no sea pacífica»; piden disculpas «sinceras, plenas y absolutas por los hechos por lo que fuimos condenadas»; recuerdan que, tras abonar las responsabilidades civiles (150.000 euros), «nos seguimos poniendo a disposición de los perjudicados para cuanto pudiera necesitar»; y prometen que su comportamiento «nunca jamás será doloroso para terceras personas».
La asunción del arrepentimiento no es una exigencia para que el juzgado autorice los permisos de salida que las internas llevan dos años reclamando sin éxito. En el caso de Triana, pese a tener a favor la opinión de todos los integrantes de la Junta de Tratamiento de Villabona y en el supuesto de su madre, solo a la mitad. Pero la jueza los ha denegado de forma sistemática. Está por ver ahora si cambia de opinión tras este nuevo camino personal que han emprendido ambas.
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