El concierto catalán agrieta el PSOE

Desde la llegada al Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy, jamás se había percibido tanta agitación en el partido. Sánchez no ha tenido apenas contestación interna frente a medidas en algunos casos muy controvertidas y, como quedó patente en el episodio de los cinco días de abril en los que amagó con abandonar su cargo -algo que dejó cicatrices-, se ha ido dotando de una suerte de culto al líder paralelo al debilitamiento de los órganos de deliberación del PSOE y a una falta de competitividad de las estructuras territoriales, en no pocos casos lideradas por figuras a las que él impulsó.

Ese último factor puede explicar, en parte, que no todos los secretarios generales se hayan sumado a la exhibición del malestar ante el cambio en uno de los pilares del Estado autonómico no discutido e, incluso, rechazado hasta hace unos días por el propio Ejecutivo. Los de Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, Murcia y hasta el andaluz Juan Espadas, líder de la federación más numerosa y portavoz en el Senado, aceptan que aún es pronto para echar las patas por alto; y que lo que describe el pacto sobre financiación -un concierto que permita a Cataluña ir desenganchándose del régimen general y alcanzar la plena soberanía fiscal- puede matizarse en función de su desarrollo. La presidenta navarra, María Chivite, lo respalda, pero su territorio, con régimen propio, no se verá afectado.

Y, sin embargo, incluso en la mayoría de esas federaciones es fácil encontrar voces que advierten de que este es un asunto «muy serio» que Sánchez no puede imponer por la vía de los hechos. «Esta vez, no», remarca un cuadro regional. «Si están hablando los barones que nunca hablan, no te quiero contar cómo están los alcaldes o secretarios locales. Esto toca la fibra sensible», añade. «Yo defiendo a Pedro a muerte, pero hoy estoy con Lambán y Page, que están reflejando el sentir mayoritario de nuestros militantes y, más importante aún, de nuestra base social y electoral», corrobora un primer edil.

Lo que da la pauta de cómo están los ánimos es, efectivamente, que no solo han sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el expresidente de Aragón, Javier Lambán, refractarios a las cesiones al independentismo, quienes han dado un paso al frente para dejar constancia de su oposición al radical cambio del sistema fiscal que se plantea en las 25 páginas suscritas por el PSC y ERC. Un documento avalado, a petición de Sánchez, por la ejecutiva del PSOE en una reunión exprés en la que se reclamó paciencia y confianza en que no se hará nada que perjudique a ninguna comunidad.

Es especialmente relevante que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, generalmente alineado con el jefe del Gobierno, advirtiera este viernes, con serenidad y sin alzar la voz, que se opondrá a que Cataluña salga del régimen compartido. Y lo es, además, porque dejó clara su posición después de haber hablado con miembros de la dirección del partido, del núcleo duro del Gobierno -son la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Santos Cerdán quienes han estado haciendo llamadas para calmar las aguas- y del propio Illa. «Él tiene su posición. Yo la mía», resumió Barbón.

Ferraz da largas por el momento a la demanda, formulada por el extremeño Miguel Ángel Gallardo pero respaldada por media decena de territorios, de que se reúna el consejo político federal, en el que están representados todos los secretarios regionales, para aportar propuestas que permitan encajar todas las sensibilidades, como hizo en 2013 Alfredo Pérez Rubalcaba con la Declaración de Granada; el documento trabajado intensamente por el exministro y exvicelehendakari Ramón Jáuregui que alumbró una propuesta de reforma del Estado autonómico «con los principios y técnicas del federalismo», cuando el PSC venía de abrazar el «derecho a decidir».

«Tanto ese órgano como el comité federal se reunirán cuando se inicie el curso político. Hasta que Illa no sea presidente, no empezaremos a concretar detalles del acuerdo que son básicos», dicen en la dirección. El Gobierno confía en que el tiempo y los pasos que se vayan dando permitan suavizar las cosas. Sánchez ha insistido en que tanto él como Illa son garantía de que ni la solidaridad interterritorial ni el principio de igualdad ni la prestación de servicios en todas las comunidades se verán afectados.

También muchos de los que ven «indefendible» el pacto con ERC se aferran a la esperanza de que lo que se ponga sobre la mesa acabe siendo muy diferente. Moderado, el madrileño Juan Lobato, advirtió de que lo firmado no es lo «ideal». «No podemos coser la unidad territorial de este país, por un lado, descubriéndola por el otro», ha remarcado, por su parte, el líder de los socialistas castellanoleoneses, Luis Tudanca.

La tesis de la dirección, convencida de que una vez Illa sea president el ruido se esfumará, es rebatida, sin embargo, con firmeza desde varios frentes. «O se esmeran en reunir a las federaciones para explicar y acordar o esto traerá lío», asegura un cargo que ha tenido responsabilidades federales y regionales. «La amnistía es un esfuerzo para resolver un conflicto. Esto es una propuesta de cambio de modelo que no se puede aprobar sin un acuerdo amplio».