Las comunidades recibirán 7.000 millones de euros de los Presupuestos en 2022

El anuncio se ha producido durante la comparecencia de la ministra para exponer la situación de la reforma del modelo de financiación autonómica. Un discurso en el que ha explicado que el Gobierno aprovechará estos nuevos Presupuestos para abonar a las comunidades el dinero que les debe por la liquidación del IVA del año 2017 (incluyendo el principal y los intereses), poniendo fin a un litigio que ha durado tres años y por el que las regiones reclamaban al Ejecutivo 4.000 millones de euros. Finalmente, las comunidades percibirán 3.100 millones de euros por este concepto.

Los otros 3.900 millones que completarán las transferencias extraordinarias llegarán en forma de entregas a cuenta del sistema de financiación durante el año de la pandemia. Montero ha explicado que el Gobierno apostó el pasado año por abonar esos anticipos a las comunidades como si no hubiera crisis ni caída del PIB, ante la evidencia de que las autonomías necesitaban esos recursos al tener en sus manos la gestión directa de los servicios sanitarios y de los servicios sociales.

Según el sistema de financiación autonómica, el próximo año correspondería hacer la liquidación definitiva de los recursos, con lo que las comunidades tendrían que devolver lo percibido. En este sentido es en el que el Gobierno no reclamará esas cantidades abonadas de más, permitiendo que esos recursos se destinen, según ha indicado Montero, a proteger los servicios públicos de cada territorio.

Durante su comparecencia en el Congreso, la ministra de Hacienda ha pedido altura de miras a las distintas formaciones políticas, incluida la suya propia, para abordar el debate sobre la reforma de la financiación autónomica, para la que el Ejecutivo prevé presentar una propuesta el próximo mes de noviembre.

En este punto, Montero ha adelantado que las posiciones globales sobre el modelo son actualmente «radicalmente distintas» entre territorios y dentro de las propias formaciones políticas respecto a la población ajustada, indicando que la decisión final no contentará a todos por igual.

Ante este escenario, Montero ha pedido una «actitud constructiva que ponga a los ciudadanos en el centro del sistema», solicitando una posición común dentro del PP y del PSOE para afrontar la negociación que se avecina. «¿Cuál va a ser la posición del PP en territorios como Madrid, más alineados con la posición de los partidos catalanes que con Andalucía o Galicia?», ha expresado la ministra durante su intervención.

Montero ha dejado claro que, tras las recientes reuniones con las distintas regiones, hay tres grupos claramente definidos en las negociaciones. Por un lado, el formado por comunidades como Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, entre otros. Todos ellos defienden que a la hora de definir el futuro modelo se tenga más en cuenta la dispersión de población.

Otro grupo sería el formado por Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que piden criterios distintos, igual que Baleares, Cataluña y Madrid «que piden tener en cuenta el principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación».