Las comunidades se enredan con las lagunas del plan de ahorro energético

La situación recuerda a lo ocurrido durante la pandemia, cuando las competencias se centralizaron en el Ministerio de Sanidad. Normas como los cierres perimetrales o el uso de la mascarilla en exteriores fueron contestadas por barones de uno y otro partido.En este caso también se repite la posición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como principal punta de lanza de las críticas hacia Pedro Sánchez, a veces arrastrando con ellas a su propio partido sin contar con la opinión de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que apenas dos semanas antes defendía este tipo de medidas de ahorro.

Si hace cuatro días la baronesa del PPiniciaba una polémica en las redes sociales con su intención de no aplicar el apagón en los escaparates de los comercios o los edificios públicos – «Madrid no se apaga», zanjó–, este jueves su vicepresidente, Enrique Ossorio, admitió que cumplirán. Sin embargo, insiste en que las restricciones deberían estar perfectamente delimitadas. «Si la ley no dice cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates y un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley», señaló este jueves. Lo cierto es que el punto cuarto del artículo 29.4 del decreto-ley se limita a establecer que los escaparates de comercios con salida a la vía pública «deberán mantenerse apagados desde las 22 horas».

Este tipo de preguntas, aunque no se externalicen tan vehementemente, se las están realizando estos días en las sedes gubernamentales autonómicas, en pleno agosto y con los servicios jurídicos funcionando a medio gas. En el País Vasco, cuyo Ejecutivo también se ha mostrado contestatario con la nueva ley, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reconocía este jueves que también cumplirán con todos sus puntos. Sin embargo, el mandatario vasco lamenta que no se hayan contrastado las sanciones. A su juicio, en esta cuestión, se podría haber dejado patente «la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las Comunidades».

Otras autonomías como Andalucía, Galicia, Murcia o Castilla y León, todas gobernadas por el PP, siguen esperando el informe de sus letrados y revisar punto por punto la letra pequeña para decidir si, pese a acatar la norma, la recurren al Tribunal Constitucional. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya se desmarcó el martes de la guerra iniciada por Ayuso, aunque este jueves, su consejera de Empleo, Rocío Blanco, reconocía que el plan de ahorro «carece de la solidez necesaria» y criticó, como han hecho numerosas voces en el Partido Popular, la «falta de diálogo con las comunidades autónomas» por parte del Gobierno.

En cambio, en otros territorios como Baleares han sido más precoces en aplicar este plan de ahorro energético. La sede de la presidencia insular ya apagó este jueves su iluminación exterior mientras la jefa del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, del PSOE, criticaba duramente a Ayuso por su resistencia a cumplir con las medidas. El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, dio también órdenes para apagar la sede de la Presidencia de la comunidad por las noches, resaltando la importancia de cumplir con las normas incluidas en el plan de ajuste energético impulsado por el Gobierno central. «Si ahora no controlamos el consumo energético, en otoño e invierno puede haber apagones», advirtió.

Extremadura, Canarias, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Cantabria o Aragón acatarán también el plan de ahorro pese a las dudas actuales.El president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, por su parte, ya anunció que no iniciará «una guerra competencial».