La Comisión de Venecia constata la «virulenta división» provocada por la amnistía y cuestiona su urgencia

«El procedimiento de adopción de medidas de amnistía debe inspirarse en la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos. En particular, unas consultas significativas, junto con un calendario adecuado, deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista. Por lo tanto, los procedimientos legislativos acelerados -se señala en el apartado de conclusiones- no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes».

Los miembros del comité constatan que, lejos de lograr la pretendida reconciliación, lo que ya ha provocado la proposición de ley pactada por los socialistas a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez es «una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España». Y por ese motivo, la comisión «anima» al Ejecutivo a tomarse «el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición (...) y a considerar la posibilidad de explorar procedimientos de justicia restaurativa».

Además, y aunque el órgano consultivo no plantea como tal problemas a que una norma de esta envergadura y esta trascendencia pueda aprobarse, como ocurriría en el caso español, por mayoría absoluta, sí hace mención, sin embargo, a otros países como Italia, Grecia, Turquía o Chile que han optado por mayorías reforzadas de tres quintos o dos tercios. Y añade: «Los órganos electos disponen de un margen de apreciación para juzgar si la amnistía es una herramienta eficaz y qué caminos realistas, incluidos los indultos individuales y las enmiendas de la legislación penal, pueden seguirse para lograr los objetivos legítimos. En opinión de la Comisión, esta decisión debería tomarse por mayoría cualificada adecuada».

Por otra parte, los responsables del dictamen dicen expresamente en el texto dado a conocer a última hora de este viernes -en realidad un borrador que será debatido en pleno el próximo 14 de marzo- que no corresponde a la Comisión de Venecia «pronunciarse sobre la cuestión de constitucionalidad», el asunto en el que más hincapié ha hecho hasta ahora el PP, dado que el propio PSOE afirmaba hasta las generales del 23 de julio, antes de asumir que tendría que pactar con Junts para seguir gobernando, que la amnistía contravenía la Carta Magna. Sin embargo, sí hacen una recomendación, dada la controversia: «Sería preferible, llegado el momento -señala-, regular este asunto explícitamente mediante una enmienda constitucional».

El documento recoge asimismo algunos reparos que podrían afectar a la seguridad jurídica de la norma. Fuentes del Gobierno remarcan, no obstante, que todos ellos han sido subsanados. Entre esas recomendaciones atendidas estarían «definir de manera más precisa el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía, de modo que los efectos de la ley sean más previsibles»; «garantizar que se establezca una relación causal más estrecha entre 'las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias' y los actos de malversación y corrupción, y «eliminar el criterio de la etapa del procedimiento para la exclusión de los delitos de terrorismo».

Este último asunto, el del terrorismo, se modificó efectivamente con una enmienda polémica pactada por el PSOE con Junts y ERC. Gracias a ella, se eliminó la exigencia de existiera sentencia firme para que no pudiera ser amnistiado un delito de terrorismo. No obstante, el artículo pasó a aceptar la amnistía para aquellos supuestos en los que no hubiera una «intención directa» de causar «violaciones graves de derechos humanos».

El documento recuerda también que una ley de esta naturaleza no se puede hacer para personas concretas y, además, rechaza la constitución de comisiones de investigación en el Congreso sobre el 'lawfare', acordadas por el PSOE y Junts, en la que se cite a declarar a integrantes de la Judicatura; algo que, por otro lado, los socialistas ya habían adelantado que no harán.