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La comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP podría entrar en un callejón sin salida tras la negativa de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional a entregar documentación clave para esclarecer si existió una caja B, alegando que se trata de asuntos que todavía están siendo investigados.
El presidente de este órgano parlamentario, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, reconoció ayer que será «casi imposible» que la comisión siga trabajando sin esos papeles. De hecho, entre esa documentación están los numerosos informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) que apuntan a la supuesta financiación en negro de la formación.
Así las cosas, la comisión solo podrá contar con las resoluciones judiciales, unos documentos que «dejan sin gasolina» a la investigación parlamentaria, en palabras de Quevedo. «Si no es posible acceder a información suficiente, el trabajo en la comisión, que ya está siendo difícil porque coincide con procesos judiciales, deviene en casi imposible», insistió en velada referencia a que, al margen de la negativa de la Audiencia Nacional, varios mandos de la Policía y la Guardia Civil que investigan a sumarios que afectan al PP se han negado en redondo a facilitar informaciones en sus comparecencias, alegando que se trata de datos que están sometidos todavía al secreto del sumario.
El portazo del tribunal a facilitar informes fue rechazado por toda la oposición y aplaudido por el PP, que instó a «cerrar cuanto antes» la comisión.
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