La comisión de investigación sobre el 'caso Pegasus' chocará con la ley que blinda al CNI

En cualquier caso, el pacto del PSOE con el partido de Carles Puigdemont incluye el compromiso de que «no habrá veto de comparecencias de personas que tengan que ver o puedan aportar información». Es decir, Junts quiere una comisión sin líneas rojas, que vaya más allá de las explicaciones que en mayo de 2022 dieron en la Cámara Baja el propio Sánchez, en un pleno monográfico, y tres semanas antes la entonces directora del CNI Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales.

Unas comparecencias que los partidos independentistas consideraron «insuficientes» y que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, utilizó para acusar al presidente de someterles a un «chantaje permanente». El propio Sánchez se desvinculó en el Congreso de las «decisiones operativas» del CNI, afirmó desconocer los motivos que llevaron al centro a espiar a dirigentes independentistas y justificó los hechos diciendo que en Cataluña, dos años después del 'procés' de 2017, cuando ya gobernaba, había un «problema de seguridad nacional».

Con mayor profusión, Paz Esteban admitió que el CNI espió con autorización del juez del Tribunal Supremo a 18 dirigentes independentistas, entre ellos al presidente catalán Pere Aragonès, los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba o dos personas del entorno de Puigdemont. Lo justificó en que supuestamente habían contactado con grupos violentos, como los Comités de Defensa de República (CDR), cuyas actividades estaban bajo vigilancia del CNI, o con la plataforma Tsunami Democràtic, que en octubre de 2019 promovió la toma del aeropuerto de El Prat en protesta por la sentencia del 'procés'.

El caso más llamativo fue el de Aragonès, del que no trascendió cuándo se produjo la intervención de su terminal, si antes o después de ser elegido presidente de la Generalitat. Según Citizen Lab, el instituto canadiense que destapó el espionaje masivo con Pegasus, el móvil fue infectado cuando era vicepresidente tras contactar con un intermediario de los CDR, el exdiputado autonómico de la CUP y abogado Benet Salellas, que defendió a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en el juicio del 'procés'.

En su comparecencia de cuatro horas a puerta cerrada, Esteban solo admitió 18 de los 65 espiados que denunció Citizen Lab. No mencionó sus nombres, solo entregó las autorizaciones judiciales individuales para el visionado de los diputados, y aunque todos los portavoces dieron por sentado que se espió con Pegasus, esta no lo reconoció amparándose, precisamente, en la ley reguladora del CNI.

Esta norma de 2002 señala que la comisión de gastos reservados tendrá acceso a las materias clasificadas como secretas «con excepción de las relativas a las fuentes y medios» usados por el centro de inteligencia (es decir, tanto a sus fuentes humanas como a los medios técnicos) y de las que procedan de servicios secretos extranjeros.

Esta restricción legal no es baladí, ya que la futura comisión de investigación se encontrará con las reservas que marca esta norma (Sánchez prometió su reforma pero el adelanto electoral metió el proyecto en un cajón). Por ejemplo, la actual ley impedirá informar quién autorizó la compra del programa espía, en caso de haberse hecho, y si se llegó a usar.

Otro de los aspectos que quedarían descafeinados se refiere a las potenciales responsabilidades políticas. Cinco días después de su intervención en el Congreso, el Gobierno cesó a Paz Esteban. Lo justificó por la «enorme brecha de seguridad» abierta por la intervención de los móviles de Sánchez y varios ministros con el programa Pegasus. Un escándalo conocido en plena tensión diplomática con Marruecos por la crisis migratoria de Melilla y el ingreso hospitalario en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Sin embargo, la «sustitución» de Esteban fue vista también como una concesión del Ejecutivo a ERC. Sea como fuere, en el caso del espionaje al Gobierno un juzgado de la Audiencia Nacional archivó en julio pasado la causa por la falta de colaboración de Israel y la imposibilidad de señalar al autor o autores de estos hechos, pese a las sospechas marroquíes. En Barcelona, otro juzgado instruye, no sin obstáculos y pocos avances, una querella por el seguimiento del CNI a dirigentes catalanes. Por lo tanto, los interrogantes abiertos del 'caso Pegasus' serán difíciles de responder en una comisión de investigación parlamentaria.