'Caso Comín': cómo gestiona el Europarlamento los procesos por acoso

Al asumir el cargo, los eurodiputados deben firmar una declaración en la que se comprometen a cumplir dicho código como condición 'sine qua non' para el ejercicio de sus funciones. En caso de sufrir acoso por parte de un eurodiputado, el denunciante debe acudir al comité asesor encargado de los casos de acoso, que funciona de forma independiente y bajo estricta confidencialidad. En caso de estimar que existen suficientes pruebas para iniciar una investigación, el comité notifica el caso al parlamentario señalado y lo llama a declarar, así como a otros posibles testigos. Una vez concluido su análisis, el grupo de trabajo entrega sus conclusiones a la presidenta de la Cámara, que se encarga de anunciar las sanciones si las hubiera.

Aunque la normativa interna de la institución se reforzó en 2018, este tipo de casos tardan años en resolverse. En 2023 se aprobó una resolución en la que la Eurocámara reclama que las denuncias se resuelvan con rapidez, «a más tardar en el plazo de seis meses». El castigo más severo hasta la fecha se le impuso a la socialista española Mónica Silvana González, sancionada en enero de 2023 con la pérdida de 30 días de dietas (unos 10.000 euros) y la suspensión de su actividad parlamentaria durante ese mismo periodo por tres denuncias de acoso psicológico por parte de sus asistentes. Los hechos denunciados ocurrieron entre 2019 y 2021 y ninguno de los denunciantes trabaja ya en la Eurocámara.