Concluye la primera sesión del juicio de los ERE con Chaves y Griñán en la primera fila del banquillo

La primera jornada de la vista oral ha comenzado con 50 minutos de retraso sobre el horario previsto con la lectura íntegra del escrito de acusación elaborado por la Fiscalía Anticorrupción, que ha corrido a cargo del letrado de la Administración de Justicia -antiguo secretario judicial- de la Sección Primera de la Audiencia, Rafael Castro de la Nuez.

Por la mañana, de forma escalonada y sin nadie que les increpe, los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía implicados en la denominada pieza política del Caso ERE han ido entrando poco antes de las 10 de la mañana en la Audiencia de Sevilla para la primera sesión del juicio. Las caras serias de la entrada relajaron un poco el gesto al entrar en la sala de vistas, donde se pudo ver a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán intercambiar impresiones en primera fila. Detrás de Chaves se sentaba Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo y a quien todos los acusados ponen como responsable directo del fraude. Las dos mujeres que ocuparon la consejería de Hacienda (y Economía), Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, se han sentado también juntas en primera fila.

Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones al entrar a los juzgados de Sevilla, donde a diferencia de sus anteriores declaraciones apenas había gente. Solo la prensa, con más de 37 medios de comunicación acreditados. Apenas Griñán ha alcanzado a decir, a preguntas de la prensa, que estaba “tranquilo”. Un ambiente frio, conforme a la temperatura en las puertas de la sede judicial. Como anécdota, ninguno de ellos podrá acudir al baño en los recesos, porque pese a la reforma que se hizo de las instalaciones para modernizarlas, incluido el cambio de tuberías, el mobiliario de los aseos no llegó a tiempo.

La imagen más temida entre las filas del PSOE, la de los todopoderosos expresidentes de Andalucía y del partido, sentados en el banquillo, ha tardado siete años en producirse, el tiempo que ha durado la instrucción. Sus defensas se encargarán de desmontar a partir de este miércoles la teoría de la conspiración, señalada por la juez instructora Mercedes Alaya, con la que supuestamente diseñaron e implantaron en la administración un sistema de ayudas irregular que permitió dar hasta 741 millones de euros de forma discrecional y al margen de cualquier control con el que acallar las protestas de trabajadores y, de paso, cimentar sus mayorías en la Junta de Andalucía.

Los 22 ex altos cargos que se sientan desde hoy en el banquillo pertenecen en su mayoría a las consejerías de Empleo y Hacienda, como Antonio Fernández, Javier Guerrero, Griñán o la exministra Magdalena Álvarez. Todos ellos están acusados de prevaricación, con petición de pena de 10 años de inhabilitación, porque, según señaló el juez en el auto de apertura de juicio oral, “mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero”.

Así, supuestamente mantuvieron un sistema peculiar, la transferencia de financiación, que surgió con la idea de agilizar la concesión de ayudas en un momento de crisis económica en numerosas empresas de la región pero que permitía el reparto “arbitrario” y discrecional de los fondos, eludiendo además el “control y fiscalización previa”. Un defecto buscado de forma premeditada, según sostiene la instrucción. Quince de los implicados se enfrentan también a penas de hasta 10 años de cárcel por un delito de malversación, por supuestamente haber conocido las alertas de la Intervención acerca de que el sistema generaba irregularidades y no haberles puesto freno.

Por esta vía se entregaron ayudas sociolaborales por un importe de 741 millones, pero cuyos compromisos de pago acabaron engordando la partida hasta no menos de 855 millones de euros. Parte de esta cantidad acabaría en manos de personas que no reunían los criterios necesarios para obtener una prejubilación, los 126 intrusos identificados por la propia Junta de Andalucía. Otros 87 millones se destinaron a ayudas directas, muchas veces siquiera sin expediente de solicitud, como reconocería el chofer del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, o con proyectos que nunca se llevaron a cabo. La instrucción también ha puesto el acento en las jugosas sobrecomisiones, muy por encima de los valores de mercado, que se embolsaron bufetes de abogados, sindicatos y empresas aseguradoras que mediaron en los trámites.