El Gobierno activa ya su discurso electoral con vistas a abril

Consciente de que en apenas 24 horas se firmaría, salvo sorpresa de ultimísimo minuto, la sentencia de muerte del proyecto gubernamental y, con ello, de la legislatura, Montero ensayó ya el discurso con el que el PSOE irá a unas elecciones generales que el propio Ejecutivo sitúa a la vuelta de la esquina. El debate no está aún cerrado, pero ya el lunes desde la Moncloa se dejó claro que Pedro Sánchez podría optar por el mes de abril y ni siquiera los hasta hace poco partidarios de un 'superdomingo' en el que coincidan generales, europeas, autonómicas y municipales, el 26 de mayo, (que los había y con mucho peso en la dirección del partido) se atreven a descartarlo. Eso sí, sacan de la ecuación el 14, Domingo de Ramos, y apuntan al 28.

Con esa perspectiva en el horizonte electoral próximo, la ministra más política al frente de un ministerio técnico empezó por acusar al independentismo y a «las derechas» de frustrar un proyecto de enorme calado social por puro electoralismo. «Ambos quieren sacar votos de la confrontación sin importarles los destrozos», recriminó. Es el relato que ya activó el pasado viernes el Gobierno, una vez comprendió que sus esfuerzos y sus concesiones a los independentistas (figura del «relator» incluida) no habían servido para disuadirles de presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas.

Ahora, toca asentar la idea de que si todo se acaba para Sánchez es porque él no ha estado dispuesto a vender la soberanía nacional y porque se ha enfrentado a una oposición desleal. «Tuvieron la ensoñación de que el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cambio de su apoyo; se equivocaron de medio a medio», dijo Montero sobre Esquerra y el PDeCAT.

Una y otra vez insistió, además, en que el Ejecutivo siempre ha tenido claro cuáles debían ser los límites de un diálogo que defendió como necesario y, como la vicepresidenta Carmen Calvo el viernes y el propio jefe del Ejecutivo el sábado, volvió a asegurar que jjamás se aceptará el derecho de autodeterminación. «Ni podemos -subrayó- ni queremos, porque sería nocivo para toda España y, muy especialmente, para Cataluña».

Aun así, aseguró que el Gobierno no se retracta de haber intentado entenderse con la Generalitat. «Hemos trabajado por tender todos los puentes desde la política porque es nuestra responsabilidad pero tenemos que dejar claro el perímetro de la negociación: nada fuera de nuestro ordenamiento constitucional, nada que atente contra la independencia de poderes y nada que erosione la convivencia», insistió.

La cuestión de la gestión política que Sánchez ha hecho de la crisis catalana se convirtió así en el tema central del debate, por delante del contenido de las propias cuentas. Ocurrió en parte por la mañana, durante la intervención de Montero y, aún con más intensidad, por la tarde, cuando tuvo que batirse a brazo partido con quienes presentaron vetos a su proyecto - el líder del PP, Pablo Casado; el de Ciudadanos, Albert Rivera, el portavoz de Esquerra, Joan Tardà y el responsable económico del PDeCAT, Ferran Bel-.

La ministra incluso se mostró convencida de que el inicio del juicio del 'procés', hoy mismo, ha tenido incidencia en el veto de los secesionistas y reconoció que le hubiera gustado que esa coincidencia no se hubiera producido. «Creo que ha podido influir en la polarización, dificultando al extremo el debate serio y reflexivo que se requiere a propósito de las cuentas públicas que este país necesita; dicho lo cual -matizó- es evidente que la justicia como poder independiente organiza su actividad en los plazos y en las formas que entiende mejor».

No le faltó, por otro lado, dureza con populares y ciudadanos. A ambos les acusó de dejarse «arrastrar» por Vox, de usar la Constitución como arma arrojadiza, de patrimonializar la bandera de España y de no pensar en el interés general.