Acuerdo entre la Fiscalía y los 47 acusados en el macrojuicio contra ETA

Tras el visto para sentencia, la mayor condena pactada será para Arantza Zulueta, histórica letrada de los presos de la banda, que ha admitido, tal y como sostenía la Fiscalía, ser dirigente del KT (Koordinazioa taldea), el órgano que transmitía las órdenes de la banda en las cárceles. Por ello será condenada a tres años y medio de prisión por integración en banda armada en grado de dirigente, aunque con la aplicación del atenuante de «confesión tardía».

Zulueta, que ya pasó varios años en prisión preventiva y que hasta ahora se arriesgaba a una condena de catorce años, regresará solo por unos meses a la cárcel, aunque todavía queda por saber la liquidación de condena exacta.

La misma pena, integración en grado dirigente, ha aceptado otro conocido abogado de ETA, Jon Enparantza, que admite ser condenado a dos años, siete meses y tres días de prisión, lo que le obligará, como a Zulueta, a volver durante un corto periodo a la cárcel, aunque también en su caso hay que conocer el cálculo exacto que hará el juzgado.

El resto de los imputados, según el pacto alcanzado este lunes, serán condenados a penas de entre uno y dos años de cárcel, tras aceptar un delito de «participación activa» en banda terrorista. Todos ellos, esquivarán la prisión. Entre estos últimos, están, entre otros la letrada Ainhoa Baglietto, el exsesanador de Bildu Iñaki Goioaga o la actual concejal de este mismo partido en Pamplona Amia Izco.

La Fiscalía reclamaba hasta ahora para los encausados penas que iban de los ocho a los catorce años de cárcel por delitos de integración terroristas (en diferentes grados).

En cuanto a las penas de inhabilitación para cargo o empleo público, que en la petición del fiscal oscilaban entre 10 y 15 años, los acusados se han conformado con condenas de 3 años, 3 años y medio y -en el caso de Zulueta y Enparantza- de 5 y 4 años, respectivamente, de inhabilitación absoluta.

Los abogados encausados –según el relato fiscal que este lunes han aceptado ellos mismos- llevaron a cabo funciones mucho más allá de la asistencia letrada. La Fiscalía apunta que llegaron a convertirse en una suerte de 'chivatos' que se dedicaban a «recopilar todo tipo de información relacionada con los presos» para hacerla llegar «posteriormente a las estructuras de dirección del frente de cárceles» de la cúpula de la banda terrorista.

El Ministerio Público sostiene que este KT fue creado en 2003 por la cúpula de ETA, aunque en realidad su nacimiento fue impulsado el H-Alboka, el supuesto frente jurídico de la banda, al que terminó absorbiendo y sustituyendo. El objetivo, sostiene la Fiscalía, era controlar la estructura del llamado frentes de cárceles «de forma integral, garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad a ETA. Ejerciendo dicha función siempre de forma subordinada a la organización terrorista y de acuerdo a las directrices generales que ETA le hacía llegar».

Los 47 imputados fueron procesados por la Audiencia Nacional y el Supremo (entonces Goioaga estaba aforado) en abril de 2016. Los instructores de ambas causas concluyeron, en línea de lo que después sería el escrito de acusación de la Fiscalía, que en el llamado «frente de cárceles» de ETA «se había desarrollado una estructura de carácter permanente dirigida a prestar continuadamente a los presos relacionados con la banda terrorista distintas clases de asistencia, tales como jurídica, médica o sanitaria, social y económica. Estas se trasmitían a través de distintos órganos, tales como los llamados KT o Grupo de Coordinación, y KG o Espacio o Núcleo de Coordinación». Las actividades «se financiaron desde la organización Herrira, bajo el control de ETA, abonando los gastos y las retribuciones derivadas de esa asistencia».

La estructura estaba formada por dos cooperativas de abogados, una con sede en la localidad guipuzcoana de Hernani y otra en Bilbao. Se trataba de letrados que «atienden a aquellos presos y bajo la apariencia de asistencia jurídica, que también les prestan, les transmiten consignas procedentes de la dirección de ETA, con la finalidad de mantener su cohesión como integrantes de la banda y presentar hacia el exterior, especialmente frente al Gobierno democrático de España, una posición común, excluyendo iniciativas, actitudes y reivindicaciones individuales».

La Fiscalía, en su escrito de acusación, sitúa en la cúspide de este KT a Zulueta y a Enparantza, además de otros acusados menos conocidos como Asier Aranguren, José Miguel Almadoz, José Luis Campo, Aitziber Sagarminaga, Egoitz López de la calle y Aintzane Orkolaga

«El colectivo de presos es uno de los principales elementos de movilización de la base social de ETA y su entorno; las reivindicaciones a favor de los derechos supuestamente vulnerados de los miembros del EPPK (Colectivo de presos), son un factor que permite acumular fuerzas procedentes de otros sectores políticos y sociales ajenos a la Izquierda Abertzale, lo que permite consecuentemente aumentar la presión política y social», concluye la Fiscalía.