Colombia se niega a pagar el rescate del galeón español San José con patrimonio del pecio

La vicepresidenta recordó que para rescatar el San José, el anterior Gobierno, de Juan Manuel Santos, puso en marcha un proceso de contratación de una alianza público-privada (APP) que se pagaría principalmente con piezas rescatadas del mismo galeón, siempre que no fueran declaradas como patrimonio sobre la base de una polémica ley aprobada poco antes de que se hiciera público su hallazgo.

Sin embargo, el presidente colombiano, Iván Duque, ha prorrogado en varias ocasiones el plazo para contratar a la empresa que debía extraer el San José ante el temor a que suponga la pérdida de patrimonio nacional, especialmente por «la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón». «Su riqueza histórica y cultural no tiene precio y el derecho de los colombianos a conocer, difundir y preservar este tesoro cultural no se negocia y no podemos feriarlo por los anticuarios del mundo», agregó Ramírez.

El Congreso colombiano aprobó una ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto «proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido». Según dicha ley, forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas «las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio».

No obstante, «no se considerarán patrimonio cultural sumergido» las «cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas», así como los «bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes». Además incluye la posibilidad de hacer una alianza público privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de «hasta el 50 % del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación».

Ante esta situación, la vicepresidenta afirmó que «en las profundidades del mar no hay solo un montón de cañones, vasijas, joyas y un puñado de monedas. Allí está una parte de nuestra historia y de la trayectoria del Nuevo Mundo y jamás debe ser despresada». «¡El Galeón San José es único e indivisible! En él reposa una parte importante y valiosa de nuestra historia y de nuestra trayectoria cultural», subrayó.

Ramírez hizo también hincapié en que el rescate del San José «solo debe beneficiar a la historia de la humanidad» y debe ser «un aporte para el conocimiento y la cultura». Por eso aseguró que la decisión «no es solo una convicción, es un asunto de interés público y una obligación Constitucional» que deben cumplir. «La Constitución de Colombia le otorga a nuestro patrimonio cultural una 'protección constitucional reforzada' que implica que debemos dar un cuidado especial, diferente y superior a nuestro patrimonio arqueológico y al patrimonio cultural», por lo cual «se debe preferir ante todo preservar todos los bienes que se rescaten en vez de entregarlos para que se vendan en costosas subastas por todo el mundo».

También consideró «lamentable» que el Gobierno de Santos «hubiera pactado el pago con piezas del rescate». «En el estudio realizado hemos encontrado que el originador de la APP le insistió al Gobierno de Santos que se buscara una fórmula diferente al pago en especie, pero fue el gobierno anterior el que insistió en pagar con piezas del San José. No entendemos cómo prefirieron entregar nuestra historia en vez de protegerla», agregó Ramírez.

La vicepresidenta explicó que «en los próximos días» le presentarán al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el informe final de la exploración realizada «con la solicitud de que reconozca al San José y todos los elementos del naufragio como una colección única e indivisible». El objetivo es que lo declare como patrimonio cultural en su integridad y de ese modo «ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio, podrá ser comercializado». «Frente al proceso contractual y en estricta aplicación de los parámetros legales contractuales continuaremos con él, pero bajo la premisa de que haremos hasta lo imposible para que ni una pieza de las que se extraigan, pueda ser comercializada. El proceso de extracción y conservación de las piezas requiere de alta tecnología y ninguna compañía más se presentó en el proceso», concluyó.

Acerca de las conversaciones con España, que reclama que el San José es un buque de Estado, Ramírez destacó que con ese Gobierno tienen «una relación muy amistosa y muy respetuosa». «Para nosotros es fundamental que coincidimos con España en la voluntad que tenemos ambos gobiernos de que se mantenga intacto (el patrimonio), que no se entregue en especie a nadie y no se comercialice», agregó