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La relación de Ada Colau con el 'procés' se centra sobre todo en su vivencia en la jornada del referéndum ilegal. Más allá de la desobediencia del Govern al Constitucional, los incidentes en los registros de la 'operación Anubis' o la declaración de la república, ... la alcaldesa de Barcelona ha centrado toda su atención en las cargas policiales que sufrieron muchas personas el 1 de octubre de 2017.
En este marco, Colau declaró este jueves que «las cargas policiales brutales» no fueron espontáneas, sino que respondieron a una «instrucción política». No dijo quién dio esa orden, pero afirmó que «la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad».
La testigo consideró aquella jornada «pacífica, ciudadana, ejemplar y masiva», pero después se vio alterada «completamente» por la intervención policial. Por ello, llamó al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo -que está citado como testigo el próximo lunes-, a quien exigió «que pararan», algo que finalmente sucedió por la tarde.
Colau recordó que el ayuntamiento está personado en el juzgado que investiga la actuación policial desplegada aquel día, donde están imputados treinta agentes. Del mismo modo, dijo que tras el 1-O se reunió con Puigdemont y ambos entendieron que esa suspensión se limitaba a los «efectos jurídicos» de los resultados, no al «derecho político» a celebrarla.
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