La coalición encara el nuevo ciclo electoral sin medidas estrella

El Gobierno de coalición, que el viernes cumplió sus dos primeros años de andadura, encara la segunda mitad de la legislatura con la vista puesta en el nuevo ciclo electoral, que el próximo 13 de febrero se abre con las autonómicas de Castilla y León. Una larga campaña electoral de 31 meses que tendrá su cenit con las generales de 2023, siempre que Pedro Sánchez no decida adelantarlas. Esta travesía ha estado marcada fundamentalmente por la pandemia pero, pese a ello, el Ejecutivo ha logrado desplegar sus principales medidas sociales -un 42,7% de los 1.481 compromisos adquiridos en la investidura, según el presidente-. Una cifra que también anuncia que la pólvora comienza a escasear en Moncloa.

PSOE y Unidas Podemos han logrado sacar adelante 47 leyes y dos Presupuestos Generales del Estado pese al delicado equilibrio con el que el Congreso les otorgó la investidura: 167 síes contra 165 noes. Entre ellas, medidas estrella como el ingreso mínimo vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la regulación de la eutanasia, las normas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género o la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Mientras en el Gobierno rechazan la imagen de extrema fragilidad y de estar siempre en el alambre que dibujan tanto la oposición como sus propios socios, la coalición empieza a quedarse sin golpes de efecto para ofrecer a su electorado en las próximas citas con las urnas.

Por otra parte, la subida del IPC acumulado hasta el 6,7% ha empeorado todos los escenarios y dejado obsoletas varias de las medidas sociales del Gobierno, como por ejemplo la subida del SMI. La voluntad del Gobierno es elevarlo hasta los 1.000 euros en 2022 -35 euros más que ahora- y subirlo hasta 1.045 euros en 2023, el año de las generales.

Entre las asignaturas pendientes, la coalición debe encarar la convalidación del decreto ley de la reforma laboral antes del 7 de febrero. Un trámite que podría convertirse en un varapalo a pocos días de la cita electoral en Castilla y León si los socios del Gobierno como EH Bildu o ERC, cuyos diputados son vitales para la convalidación de la norma, materializan su amenaza de no apoyarla al considerar el texto «insuficiente».

Por otra parte, el PP, cuya postura era una incógnita inicialmente, deja en manos de los nacionalistas esta decisión al virar de la abstención al no. «¿Porque solo deroguen un 10% de nuestra reforma laboral, tenemos que apoyarla?», se preguntaba este sábado Pablo Casado en un acto de su partido en Salamanca.

Sánchez también da por imposible la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado desde 2018, por la falta de entendimiento con los populares.

En ese contexto, desde Unidas Podemos se acrecientan las quejas de que varios de sus proyectos sociales están siendo frenados por los socialistas. Es el caso de la ley trans, la de bienestar animal, la derogación de la llamada ley mordaza o la ley de vivienda. Esta última, en barbecho desde que ambos socios de Gobierno iniciaron las negociaciones en noviembre de 2020. El PSOE se comprometió a llevarla al Congreso en seis meses, pero las discrepancias entre ambas formaciones ha dilatado su llegada al hemiciclo.

La estrategia de los morados pasa precisamente por marcar perfil propio en este nuevo ciclo electoral, a la espera de ver los derroteros que sigue el nuevo proyecto político que plantea construir la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.