El CNI espió con Pegasus a Aragonès porque creía que era el líder de los CDR

La solicitud para infectar con Pegasus el móvil de Aragonès, se lee en otro de los documentos que el Gobierno acaba de desclasificar, era «no por su condición de vicepresident de la Generalitat, sino por la labor de dirección y coordinación de las actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR)».

Según fuentes cercanas al proceso judicial de Barcelona, la primera vez que el juez autorizó el hackeo con el software israelí del Grupo NSO fue el 24 de julio de 2019, cuando ya había acabado el juicio del procés en el Supremo y los CDR calentaban motores a la espera de la sentencia. El magistrado autorizó una primera prórroga para el espionaje el 21 de octubre de ese mismo año, cuando las protestas por la sentencia que condena a cárcel a nueve de los líderes independentistas estaban en pleno apogeo en toda Cataluña y ya se había desarrollado en septiembre la denominada 'operación Judas' contra los cabecillas de los CDR. Sin embargos, el Gobierno ha desmentido que las escuchas se iniciasen tras la llegada de Sánchez a la Moncloa.

La última autorización de pinchazos que consta fue el 14 de enero de 2020, en vísperas del encierro por la pandemia y cuando la situación en las calles ya se había tranquilizado.

El Gobierno de Pedro Sánchez desclasificó el pasado 16 de enero parte de los documentos sobre el espionaje a Aragonés, en particular los autos en los que se autorizó esta operación, accediendo así parcialmente a la petición del titular del Juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, quien investiga la infección con este programa de 18 líderes independentistas.

La información que el juez de Barcelona había reclamado al Gobierno era, no obstante, mucho más extensa que la desclasificada ahora: quería saber si el CNI tiene licencia de Pegasus, quién habría comprado ese permiso a la empresa israelí NSO Group; qué personas participaron en sea supuesta compra; o registros sobre el empleo de Pegasus, entre otras cuestiones.

El juez quería tener todos los detalles de la operativa del espionaje antes de interrogar, como imputada, este viernes a la exdirectora del CNI Paz Esteban, el único alto cargo gubernamental investigado por Pegasus.

La operación de espionaje no podía ya ser negada por el Gobierno, ya que fue reconocida el 5 de mayo de 2022 en la comisión de secretos oficiales del Congreso por la propia exdirectora del centro Paz Esteban, quien aseguró, no obstante, que esos 18 pinchazos siempre fueron con autorización del Tribunal Supremo. La exdirectora negó, sin embargo, que lo servicios secretos estuvieran detrás de la infección de los «smartphones» de otros 43 políticos independentistas -41 catalanes y 2 vascos- que fueron atacados a través del «malware» israelí, según el análisis de Citizen Lab, el centro canadiense que reveló el espionaje al secesionismo catalán. Esteban fue fulminada el 11 de mayo de ese mismo año, menos de una semana después de desvelar ante los diputados este operativo.

En julio de 2022, Pere Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI y contra la empresa fabricante del software del espionaje.

Desde el Gobierno, han defendido que el espionaje al entonces vicepresidente de la Generalitat dio comienzo antes de que Sánchez llegase a La Moncloa. Una afirmación que choca con la expresada por fuentes cercanas al proceso judicial, que aseguran que la primera escucha se autorizó el 24 de julio de 2020, con la primera legislatura de Sánchez ya iniciada.

Por otro lado, también han querido aclarar que ni el CNI ni el Tribunal Supremo deben informar al Gobierno de estas operaciones y que ha sido precisamente el Ejecutivo de Sánchez quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, «siempre con el límite de la seguridad nacional». Han añadido que el paso dado por el Gobierno es una demostración de que «ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia». «Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP», han reprochado.