Las claves de la reforma del 'solo sí es sí'

La reforma de la ley del 'solo sí es sí' introduce, respecto a su anterior redacción, un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual, para poder elevar las penas si se prueba la existencia de violencia o intimidación. La proposición socialista eleva de cinco a 10 años de cárcel las penas para las agresiones con estos agravantes, y de 12 a 15 años en las agresiones con penetración y agravantes. Un extremo que PSOE y PP creen que ayudará a atajar las rebajas de condenas a delincuentes sexuales en los casos que se comentan a partir de su aprobación y que desde Unidas Podemos definen como «la vuelta del calvario probatorio» para las víctimas y del «Código Penal de La Manada».

Además, la reforma del PSOE también prevé un incremento de penas en los casos en los que la víctima «tenga anulada por cualquier causa su voluntad», como puede ocurrir bajo los efectos del alcohol o de la sumisión química. Antes de la ley del 'solo sí es sí', estos supuestos tenían penas más bajas al considerarse abuso.

El acuerdo entre PSOE y PP corrige la destipificación que el 'sí es sí' realiza por error de la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, incitar o fomentar la comisión de delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. Además, se incluye un nuevo párrafo que introduce la responsabilidad de la persona jurídica en los casos de trato degradante, acoso laboral o acoso inmobiliario. También se modifica la redacción para eliminar una palabra que no era correcta, para referirse a los menores de 16 años como tal, y no como mayores

También se corrige, a través de una enmienda transaccional, un error que se había detectado en la Ley de Protección a la Infancia, conocida como 'Ley Rhodes', sobre los plazos de prescripción de los abusos sexuales a menores. En el texto se cita dos veces los delitos contra este colectivo con dos prescripciones distintas: por un lado se fija que empieza a contar a partir de que la víctima cumpla 18 años y, en otro, a partir de que cumpla 35 años. En la reforma se subsana optando por la segunda opción o «a partir de la fecha del fallecimiento de la víctima» si no alcanza esa edad.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín. Un grupo de cinco hombres violó a una joven de dieciocho años en un portal en el centro de la capital navarra. La víctima denunció a los agresores por violación. El caso provocó una fuerte contestación en la calle y desató una alarma social después de que la sentencia condenara a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado y no como agresión sexual, ya que el tribunal no apreció indicios de violencia o intimidación. Con el ánimo de corregir esta cuestión, Podemos propuso unificar con la ley del 'solo sí es sí', que entró en vigor en octubre de 2022, ambos delitos, para que no hubiera distinciones. También situó al consentimiento como elemento fundamental para determinar si existe una violación o no.

Todos los adolescentes condenados por delitos contra la libertad sexual tendrán, con independencia de la pena, la obligación de someterse a programas formativos en sexualidad e igualdad. Se desarrollan, además, medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual de la víctima con el presunto agresor o la declaración en salas especiales.

Toda madre a la que su pareja o expareja asesine a alguno de sus hijos tiene la condición de víctima directa de un delito violento, lo que le da derecho a recibir ayudas del Estado en caso de impago de las indemnizaciones por parte del autor del crimen.

Quienes agredan sexualmente o corrompa a un menor y quienes instiguen la prostitución serán privados de la patria potestad de sus hijos, de la tutela o del acogimiento por un plazo de cuatro a diez años. También deben suspenderse las visitas a los acusados por violencia de género.

Se crea un delito específico para castigar la solicitud de favores sexuales por parte funcionarios que trabajan en prisiones y centros de menores o de inmigrantes.

Gobierno, autonomías e instituciones locales deben lanzar campañas regulares de concienciación para desvelar la crueldad y las vejaciones que hay detrás de la prostitución, con el objetivo de desincentivar a potenciales consumidores. Quieren que los puteros interioricen que prostitución y explotación sexual son sinónimos y que ellos son «corresponsables» de esta lacra.

La ley prohíbe, también, explícitamente publicar o divulgar datos o imágenes que permitan identificar a cualquier víctima de las violencias machistas. Se complementa con la orden a la Agencia de Protección de Datos para que cree un canal ágil, sencillo y seguro para denunciar estas situaciones. De igual manera, realiza un cambio en el Código Penal para sancionar con una multa a quien continúe la cadena de difusión de imágenes, normalmente íntimas, que lesionan los derechos a la privacidad de un tercero que nunca ha autorizado su difusión pública.