Claves para entender la 'guerra de las pelotas' que amenaza la reforma de la ley mordaza

Si bien las diferencias persisten en qué debe entenderse por desobediencia a los agentes y por falta de respeto a los funcionarios, dos de los artículos que más se han usado para multar con la actual ley mordaza, los escollos en estos dos puntos no son insalvables entre el Gobierno y sus socios. El meollo del enfrentamiento está en las devoluciones en caliente, dado que el Ministerio del Interior ahora se niega en redondo a prescindir de esta herramienta, y sobre todo en el uso de las pelotas de goma.

En la guerra de las bolas de caucho hay a día de hoy dos bandos perfectamente diferenciados: No abolicionistas y abolicionistas. Por un lado están el PSOE, Unidas Podemos y PNV, que apuestan por no prohibir el uso de este material antidisturbios, que ya se ha demostrado que, además de provocar graves heridas (particularmente en los ojos), puede llegar a ser mortal. Y de otro lado, ERC, EH Bildu y Junts que solo contemplan apoyar la reforma de la ley de seguridad ciudadana si en el nuevo texto se prohíbe taxativamente el uso de estas pelotas en todo el territorio nacional y sin matices.

La clave es que, habida cuenta de que se da por descontado el voto en contra de la reforma de PP, Vox y Ciudadanos, al menos la abstención de ERC y Bildu son indispensables para que la Comisión mande al Pleno el texto y la reforma no muera este mismo martes sin siquiera ser debatida en el hemiciclo.

¿Pero cuáles son las claves de esta guerra que amenaza uno de los proyectos legislativos estrella de Pedro Sánchez?

Aunque en algún momento al inicio de la legislatura en el Grupo Socialista se planteó su prohibición, lo cierto es que en noviembre de 2021, cuando el PSOE pactó con Podemos un texto para tratar de volver a impulsar la reforma, no lo hizo. Las presiones del Ministerio del Interior hicieron que los partidos del Gobierno solo propusieran que la ley prometiera la elaboración de «protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales» sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para «utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables». Y nada más.

Aquella propuesta fue un jarro de agua fría para ERC, Bildu y Junts, que daban por seguro que UP nunca iba a presentar un proyecto que no fuera directamente la prohibición de las bolas. Los republicanos catalanes respondieron con una enmienda exigiendo que las pelotas fueran «expresamente vetadas». Y hace casi un año, además, incluyeron la prohibición de usar este material como una de las once líneas rojas en las que jamás cederían para apoyar la reforma. Alegaron que no podrían apoyar la utilización de las pelotas cuando los Mossos las tienen prohibidas desde 2014, cuando fueron sustituidas por proyectiles de foam, un material viscoelástico menos lesivo y que puede ser dirigido con más precisión que las bolas.

EH Bildu y Junts no llegaron al extremo de tensar tanto la cuerda, pero dejaron claro desde inicio que también para ellos la prohibición de las bolas era un aspecto clave.

El PNV intentó situarse entre ambos bandos y planteó seguir el ejemplo del Gobierno vasco. El Ejecutivo de Vitoria, tras la muerte en abril de 2012 del seguidor del Athletic de Bilbao Íñigo Cabacas al recibir el impacto de una bola durante unos disturbios futbolísticos, restringió hasta el límite la utilización de las pelotas, hasta el punto de que, aunque la Ertzaintza no tiene prohibido lanzar estos proyectiles, no los ha vuelto a usar desde entonces porque para hacerlo los mandos deben tener la autorización expresa del viceconsejero de Interior. La propuesta del PNV no gustó en el Ministerio del Interior, por considerar que no era operativa y que, en realidad, era una abolición encubierta.

El pasado noviembre, y en vista de que pasaban los meses y la reforma andaba casi encallada por las pelotas, Unidas Podemos intentó desbloquearla con la inclusión de una disposición adicional para crear, «en el plazo de seis meses» desde que saliera adelante la reforma, una comisión presidida por el Defensor del Pueblo para elaborar «un dictamen sobre la desaparición del material antidisturbios que pueda causar lesiones irreparables, incluyendo los proyectiles de caucho de energía cinética», en referencia a las pelotas de goma. Aquella propuesta no gustó, por una u otra causa, a ninguno de los otros cinco grupos.

El pasado 1 de febrero, la reforma de la ley mordaza logró salvarse por los pelos cuando ERC decidió abstenerse y dejar que el texto superara el trámite de ponencia después de PSOE, Unidas Podemos y PNV presentaran una nueva propuesta que incluía una disposición adicional sobre «gestión policial y material antidisturbios» que establecía que el Ministerio del Interior debía elaborar «un estudio sobre el empleo del material antidisturbios». No había ni un mención a la posibilidad de abolir las pelotas y tampoco, como había pedido Bildu, el compromiso de una manifestación pública del Gobierno de eliminarlas en un futuro próximo. Interior vetó al Grupo Socialista hacer cualquier promesa formal en ese sentido.

El último episodio de esta guerra tuvo lugar el martes de la pasada semana. PSOE, Unidas Podemos y PNV volvieron a la carga con una propuesta muy parecida a la de febrero: introducir en la exposición de motivos de la futura ley una alusión al material antidisturbios junto a una disposición adicional en la que se detallase la elaboración de los protocolos para su uso. El último texto introducía además la implicación de «expertos» y organizaciones de lo que el texto denomina «sociedad civil», en referencia a grupos como Amnistía Internacional, en la elaboración de esos protocolos, en los que la trazabilidad de las pelotas (saber quién y por qué disparaba cada uno de esos proyectiles) debería ser un eje clave.

ERC, EH Bildu y Junts rechazaron este último texto por considerar que no aportaba nada nuevo con respecto a las propuestas anteriores.