Claves para entender la decisión de España sobre el Sáhara: ¿qué y quién está detrás?

El debate está servido y ya hay quien lee esta noticia en clave mundial, buscando las conexiones de este anuncio con las alianzas geopolíticas internacionales en torno a la crisis de Ucrania.

La primera pregunta que debemos hacernos para entender el alcance de este movimiento, del que no puede dudarse el impacto político, es si la solución al conflicto del Sáhara Occidental puede venir desde la política de espaldas al Derecho Internacional.

Desde que se hiciera pública la toma de partido de Pedro Sánchez, han sido muchos los que han señalado la incoherencia de defender el Derecho Internacional y la soberanía nacional en Ucrania. Sin embargo, al igual que hicimos cuando Trump anunció el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio, es necesario recordar que a pesar de la interrelación entre la política y el Derecho Internacional, este pronunciamiento no cambia la naturaleza jurídica del conflicto ni de su solución.

Así, es necesario aludir a los aspectos fundamentales que determinan el marco jurídico aplicable para la resolución del conflicto: la naturaleza del territorio, la representación legítima de su población, el marco legal aplicable para su resolución y el rol de España.

El territorio del Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo, y por tanto, según las resoluciones de Naciones Unidas (Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de octubre de 1970) su naturaleza solo cambiará cuando «el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios» (p. 174).

Esta naturaleza ha sido reiterada por parte del asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell (S/2002/161), por ejemplo, o en las distintas sentencias de los tribunales europeos al hilo de la legalidad de la explotación de los recursos naturales del territorio.

Esta naturaleza del territorio define también el estatus de las partes, y concretamente la naturaleza de la presencia marroquí en el territorio como una ocupación (ver Resoluciones Res UNSC 377/1975 y Res UNGA 34/37 de 1979 y nuestro análisis previo).

Estas mismas sentencias también dejan claro que el representante legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario (Sentencia del TG de 29 de septiembre 2021) y que, por tanto, cualquier decisión que afecte al bienestar del pueblo saharaui, a la gestión de sus recursos naturales o a la determinación de su futuro debe de pasar por la consulta a su representante legítimo.

Dada la naturaleza del territorio y el estatus de las partes, no cabe otro marco para la resolución del conflicto que el establecido por el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, y este pasa por la realización del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Sin embargo, no ayuda a aclarar este marco la laxidad en el uso del lenguaje por parte de la propia ONU, que ha ido modificando su formulación para la solución al conflicto desde la defensa tajante de la autodeterminación (véase, por ejemplo, la Resolución 621 de 1988), a la búsqueda de una «solución política que sea mutuamente aceptable» (por ejemplo, la Resolución 1541 de 29 de abril de 2004) o la apelación a un «proceso político bajo sus pautas» del portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en su reacción al movimiento del Gobierno español.

Por último, la condición jurídica del territorio marca también la naturaleza de España como potencia administradora del territorio, aunque los distintos Gobiernos españoles hayan tratado de desligarse de su responsabilidad.

Teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos aplicables, ¿cuál es la repercusión real del anuncio del presidente Sánchez? El Frente Polisario recuerda que este posicionamiento no cambia el estatus del territorio ni la responsabilidad de España, mientras que hay quien afirma que este anuncio no supone cambio, ya que la traición del PSOE se remonta a la época de Felipe González.

Si bien es cierto que el Partido Socialista hace tiempo que se alineó con la propuesta marroquí, nunca hasta ahora se había realizado un posicionamiento oficial que contraviniese la tradicional «neutralidad activa» de la postura española. Por eso, muchas de las críticas se dirigen a la forma en la que se ha realizado este cambio, sin informar ni a los socios del gobierno de coalición, ni a la oposición, ni a la ciudadanía.

Las críticas más tibias solo reprochan a Pedro Sánchez la forma en la que se ha comunicado esta decisión, alegando que, dado su calado, debería haber sido comunicada de forma consensuada y transparente, y no como reacción a la publicación de la misiva por parte de Marruecos.

Sin embargo, estas posiciones ignoran que este cambio de rumbo, además de contravenir el posicionamiento histórico de la política exterior española y las ya mencionadas bases del derecho internacional, contradice el propio programa electoral del partido socialista de 2019, que en su página 286 prometía respetar el principio de autodeterminación del pueblo saharaui), por lo que sus bases y sus votantes deberían también reclamarle explicaciones, no solo en la forma, sino en el fondo.

Así las cosas, muchos se preguntan por el por qué de este cambio y el por qué ahora, cuando más necesario es estrechar los lazos con Argelia, aliado histórico del pueblo saharaui. Mientras que el argumento oficial que se desprende de los fragmentos filtrados de la misiva y de las declaraciones de algunos miembros del partido apuntan a la necesidad de cerrar la crisis diplomática con Marruecos, es necesario analizar la repercusión global de esta decisión para saber si responde a una estrategia de política nacional o a alianzas estratégicas internacionales.

En primer lugar, es necesario recordar que Marruecos reconoció que el origen de esta crisis diplomática no fue por la atención hospitalaria del lider del Frente Polisario Brahim Ghali, sino por el posicionamiento español tras el anuncio de Trump del reconocimiento de la soberanía sobre el territorio.

En esta clave, la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez supondría una cesión al chantaje marroquí para iniciar otra crisis con Argelia, quien asegura no haber sido informada de este viraje.

Además, desde la oposición le recriminan al Gobierno que no se haya informado en sede parlamentaria de este cambio e incluso sus socios de Gobierno han pedido la comparecencia del presidente para dar explicaciones de este cambio

Sin embargo, ya hay quien ve en este giro un interés que va más allá de un intento por solucionar una crisis bilateral, un cambio que responde a intereses geopolíticos más amplios.

En primer lugar, resulta difícil desligar cualquier decisión actual de la crisis ucraniana. No en vano, es bueno recordar que Marruecos se abstuvo en la votación contra Rusia en la Asamblea General, consciente de la relación de Argelia con Rusia y del papel del país asiático en la región.

Otras voces apuntan a que España sigue así los pasos de EE. UU. y de Alemania para descongelar las relaciones con Marruecos y reforzar así la alianza con quien entienden que es un socio clave en la región.

Merece la pena señalar que también en el caso de Alemania fue Marruecos el que filtró una misiva del recién elegido canciller para dar cuenta de lo que entendía como un respaldo a su plan de autonomía, a pesar de que Alemania afirma no haber variado su postura oficial respecto al conflicto. Lo que resulta difícil de entender, en cualquier caso, es el momento elegido para este cambio de postura, cuando la alianza con Argelia es estratégica en la crisis energética europea.

Ante estos interrogantes es lógico preguntarse quién es el principal impulsor de esta medida, y todo apunta en dos direcciones: EE. UU. y Francia. Ambos países tienen intereses claros en la región, y no es la primera vez que el conflicto del Sáhara Occidental se cuela en las claves geopolíticas de la zona y especialmente en la repercusión de las relaciones de EE. UU., Rusia y China.

Por otro lado, Francia es el principal valedor de la postura marroquí, y la sintonía entre el Gobierno español de Pedro Sánchez y el presidente Macron fue evidente en la reunión del pasado 15 de marzo, justo antes del anuncio de este cambio de postura.

De lo que no cabe duda es de que esta situación da un mensaje claro al pueblo saharaui y al Frente Polisario. En primer lugar, queda patente que no todas las guerras son iguales y que la repercusión política y social de los conflictos está condicionada por cuestiones como la raza y la cercanía cultural, y sobre todo, por los intereses económicos.

La apuesta del pueblo saharaui por una solución pacífica a un conflicto que dura más de 46 años solo les ha llevado al ostracismo y al bloqueo mediático, roto únicamente cuando la violencia ha escalado en el territorio. Así, es difícil que la apuesta por la paz se mantenga, sobre todo entre las generaciones saharauis más jóvenes.

Por otro lado, la incoherencia en la aplicación del Derecho Internacional lleva al pueblo saharaui a desconfiar de la comunidad internacional, que ve cómo Marruecos viola el derecho de forma recurrente e incluso los propios acuerdos firmados sin ninguna repercusión ni legal ni política.

Y por último, el tercer mensaje que esta situación envía al pueblo saharaui es que no puede confiar en la clase política española. A diferencia de otros países como Portugal, que hicieron de la descolonización de Timor Este una apuesta nacional hasta que se solucionó en conflicto con Indonesia, todos los partidos políticos españoles se han caracterizado por defender una postura en torno al Sáhara Occidental desde la oposición y la contraria desde el Gobierno.

A pesar de las críticas de sus socios de Gobierno y de los partidos que facilitaron la investidura, es poco probable que su reacción vaya más allá de declaraciones mediáticas y alguna pregunta en sede parlamentaria.

Y como decía el recién fallecido Desmond Tutu: «Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor». Parece claro que cada vez son más los que eligen el «lado del opresor» y sólo resta ver cómo reacciona el pueblo oprimido.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation