La Unión Europea trata de zanjar el acuerdo con el Reino Unido por un nuevo estatus para Gibraltar tras el 'brexit'. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este jueves en Bruselas -en el mismo formato que el encuentro que mantuvo el 12 de abril- ... con su homólogo británico, David Cameron, en un encuentro en el que también han participado el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo.
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Todas las partes creen que «en las últimas semanas se han producido acercamientos importantes sobre los temas pendientes dentro de una negociación que es muy compleja». A falta de tres semanas para que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo -que, de no existir acuerdo, impondrían un frenazo en las negociaciones hasta que pueda formarse un nuevo Ejecutivo comunitario-la voluntad de llegar a un acuerdo es firme, señalan fuentes diplomáticas españolas a este periódico, pero los asuntos sensibles siguen sobre la mesa.
Uno de los asuntos más espinosos es el control del tránsito en la frontera, que cada día atraviesan unas 27.000 personas, muchas de ellas trabajadores itinerantes. La propuesta en la que se está trabajando es que Frontex, la agencia fronteriza de la UE, realice los controles ante la sensibilidad de que haya agentes policiales españoles en suelo de Gibraltar
El uso del aeropuerto de Gibraltar, que se encuentra en el istmo que une a la colonia británica con España, cuya titularidad reclaman Londres y Madrid, provocó que el año pasado las conversaciones se estancaran después de que España insistiera en que el Reino Unido accediera a compartir el control sobre el aeródromo gibraltareño.
El principal problema radica en que este está situado en una base de la Royal Air Force (RAF) y perder parte del control del mismo es una línea roja para Reino Unido. «No habrá absolutamente ningún acuerdo si amenaza la soberanía o la independencia de nuestras opciones militares en Gibraltar», explican fuentes del Ejecutivo británico a The Telegraph.
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La histórica Verja de Gibraltar, la denominación que da España a la línea de control militar (de facto) entre la colonia británica de Gibraltar y el municipio gaditano de La Línea, y que tiene poco más de un kilómetro de longitud, es otro de los asuntos candentes de la negociación.
El 31 de diciembre de 2020, España y Reino Unido llegaron a un acuerdo in extremis para la demolición de cualquier «barrera física» entre la colonia britanica y el territorio español, con un sistema de doble llave (en manos gibraltareñas y españolas) para entrar a través del puerto y aeropuerto del Peñón. Ahora Albares espera que esto se cristalice antes del verano: «La desaparición física de la Verja es uno de los acuerdos, porque lo que queremos es que prevalezca la libertad de movimientos y para eso tienen que desaparecer las barreras físicas».
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No solo los asuntos puramente territoriales están sobre la mesa. La salida de Reino Unido de la UE trajo otros quebraderos de cabeza relativos a las pensiones y a la fiscalidad. Se deberá dirimir, entre otras cuestiones, si se equiparan las pensiones de los gibraltareños con la de los trabajadores transfronterizos en el Peñón, unas 400 libras (unos 465 euros) de media más altas las de los primeros.
A eso suma la armonización fiscal y de impuestos, que incidiría en productos como el tabaco, y que persigue equiparar a Gibraltar con cargas fiscales de otros territorios europeos que no necesariamente tienen que ser como las españolas.
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