La citación del jefe de Gabinete de Ayuso traslada al Supremo el pulso con Sánchez

Ya venía a estarlo una vez que la causa abierta al novio de Ayuso, Alberto González Amador, por presunto fraude tributario ha derivado en la inédita imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Supremo ante las sospechas de que pudo filtrar información reservada sobre la pareja de la líder madrileña salpicando a la Moncloa. Pero desde este martes, la colisión que marca en buena medida el devenir de la política española da el salto con armas y bagajes al alto tribunal tras citar este como testigo en el 'caso García Ortiz' a la mano derecha de la baronesa del PP, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

En este intrincado episodio de la legislatura, Rodríguez -el conocido como MAR que dirigió la comunicación de la Moncloa bajo mandato de José María Aznar- es quien proporcionó el pasado 13 de marzo la información a los medios de comunicación sobre el acuerdo que habría propuesto el fiscal asignado, Julián Salto, al abogado de González Amador para buscar un acuerdo de conciliación. Esa propuesta de pacto que no llegó a consumarse había partido, en realidad, del novio de Ayuso y es «el bulo» al que se acoge el fiscal general del Estado para justificar la emisión de un comunicado de rectificación al día siguiente. Sin embargo, por lo que investiga ahora el Supremo a García Ortiz, tras la denuncia de González Amador por presunta revelación de información confidencial, no es el origen de esa nota de prensa, sino el correo electrónico entre las partes que dejaba constancia de que el imputado estaba dispuesto a admitir los delitos tributarios a cambio de una rebaja en la sanción penal.

En un giro del todo inesperado, ese 'email' acabó en un notario, según destapó ABC, porque allí lo depositó a principios de noviembre Juan Lobato, el entonces líder de los socialistas madrileños, tras una conversación por WhatsApp el 14 de marzo, a fin de que lo utilizara contra Ayuso, con Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López cuando este era a su vez, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno. El ya dimitido Lobato, que hizo su arriesgado movimiento secretamente y tras el registro por la UCO del despacho del fiscal general el 30 de octubre, entregó el viernes el acta notarial y el contenido de sus mensajes al instructor del caso en el Supremo, Ángel Luis Hurtado. Ayuso interpreta esta concatenación de hechos como la evidencia de que Sánchez ha urdido una maniobra, valiéndose del fiscal general, para destruirla.

Este es el contexto en el que Hurtado acordó este martes, a propuesta de García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid -la otra investigada por un delito de revelación de secretos-, citar como testigos entre los días 8 y 9 de enero a Rodríguez y a ocho periodistas por informaciones sobre estos hechos. En su auto, el juez también acepta la diligencia solicitada por los imputados para requerir a La Sexta una copia de la noticia emitida a las 22:10 horas del 13 de marzo y al periódico El Mundo la que difundió a las 21:29 horas de ese mismo día. Este diario fue el que anticipó la propuesta de pacto entre González Amador y la Fiscalía atribuyéndosela a esta, cuando era al revés.

La Abogacía del Estado -en representación legal del fiscal general- solicitó el 12 de noviembre la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, quien deberá comparecer y decir verdad, en su calidad de testigo, para no incurrir en falso testimonio. García Ortiz pretende con estas testificales acordadas por el instructor que se explore la posibilidad de que el primer filtrador «de secretos» al darse luz pública a los comprometedores correos, al menos parcialmente, fuera el propio Rodríguez la mencionada noche del 13 de marzo.

Prueba del calado político en sede judicial que adquirirá su testimonio no es solo la reivindicación que efectuó este martes Ayuso, en un acto institucional por el aniversario de la Constitución, de su jefe de Gabinete, a quien animó -intentando dar la vuelta al argumento del fiscal general- a «desmontar bulos» ante el Supremo. Por la tarde, en el Senado, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el ministro Óscar López se enzarzaron por la filtración de los correos. Serrano dio por hecho que si Sánchez Acera tenía la información fue porque el fiscal general la entregó a Moncloa y que López lo sabía. «Lo que es de cobardes es acusar sin pruebas», se revolvió el ministro, devolviendo el apelativo que Ayuso había utilizado la víspera contra Sánchez.