La Universidad Rey Juan Carlos suspende al director del máster de Cifuentes

En ese encuentro, también se ha tomado la decisión de abrir expediente disciplinario a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de la presidenta madrileña, «implicada en las graves irregularidades detectadas» en la investigación interna iniciada por el centro el pasado 21 de marzo.

El rector ha adelantado el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Rey Juan Carlos. El objetivo de esta medida es «verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional».

Lo que la universidad no ha decidido aún es si retirará o no a Cifuentes el título del controvertido máster como fórmula para salvar la imagen del centro y devolver la confianza a los miles de estudiantes matriculados en sus aulas. Ramos ha asegurado que «de dictarse sentencia firme reconociendo los hechos, se iniciarán los trámites pertinentes para la anulación» del título académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Título cuya validez también ha puesto en cuestión la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE), que este miércoles dio a conocer su informe sobre el caso en el que admitieron las «graves irregularidades» en la presunta falsificación del título de la dirigente del PP, aunque echaron balones fuera y se remitieron a la investigación abierta formalmente por la Fiscalía de Móstoles.

El Consejo de Estudiantes ha mostrado su satisfacción inicial con las medidas adoptadas por el rector ante las irregularidades detectadas en el máster de Cifuentes, pero quieren también «estar presentes» en la auditoría que ha encargado sobre las actividades de los institutos.

Así lo ha indicado a Europa Press un portavoz del órgano de representación del alumnado en la universidad, que ha añadido que esperan que el proceso judicial se resuelva con una sentencia lo antes posible y confían que el fallo constate las irregularidades denunciadas y que, en consecuencia, la URJC proceda a retirar el título a Cifuentes.

En su última comparecencia ante la prensa el pasado 6 de abril, el rector señaló que no había constancia ni de la memoria ni de la defensa del trabajo fin de máster de la presidenta madrileña, pese a que según el reglamento interno es «obligatorio» que permanezca archivado. También confirmó que había puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía al apreciar «indicios suficientes» de la comisión de un delito de falsedad en documento público.

El centro universitario ha explicado que, tras trasaldar el caso al Ministerio Público, se interrumpió el procedimiento de información reservada abierto. Aún así, el rector ha querido insistir en que la suspensión de este procedimiento «no impedirá proseguir la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público» y, en particular, a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico en el que se matriculó la presidenta regional.

El 'caso máster' dio un giro radical cuando una de las tres integrantes del tribunal que presuntamente examinó a la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró no reconocer el acta y que su firma había sido falsificada. Se trata de Alicia López de los Mozos, la supuesta presidenta del tribunal de Cifuentes, que admitió ante la instructora de la investigación de la Universidad que no guarda «relación alguna» con el máster supuestamente cursado por ésta. Una versión que ratificó este mismo miércoles ante la unidad de la Policía adscrita a la Fiscalía de Madrid.

Las otras dos docentes cuyos nombres también aparecían en el supuesto acta, Cecilia Rosado y Clara Souto, siguieron los pasos de López de Mozos y negaron haber participado en el tribunal de la presidenta. Las tres acharon la mentira y las firmas a las presiones de su mentor y director del máster, Álvarez Conde.

El profesor acusado de filtrar la información sobre el máster, Salvador Perelló, ha exigido al número dos de la presidenta madrileña, Ángel Garrido, la rectificación de unas declaraciones realizadas en las que acusó al docente de haber manipulado el expediente de Cifuentes.

Según ha informado a Efe el abogado del docente, Jorge González, esta petición se refiere a las palabras de Garrido el pasado fin de semana en la convención nacional del PP en Sevilla en las que habló de un «acceso delictivo» por parte Perelló al expediente de la presidenta para modificar las notas y perjudicarla.

Para el letrado esto supone «una imputación sin pruebas» de un delito que no consta que el profesor haya cometido, por lo que, de no rectificar en 24 horas, interpondrá una querella por calumnias contra Garrido.