Cifuentes declara al tribunal que la defensa fin de máster «fue informal»

Cifuentes compareció como acusada en el juicio por el llamado 'caso máster' en la Audiencia Provincial de Madrid. La también expresidenta del PP regional se enfrenta a tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial. La Fiscalía le señala por ser la «inductora» de la falsificación del acta de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que acreditaba que había acabado y defendido su máster, lo que «jamás se produjo», según el escrito de acusación.

Cifuentes, según el relato de hechos, obtuvo dicho posgrado en unas condiciones ventajosas entre 2011 y 2012, cuando era delegada del Gobierno en Madrid. Cuando en marzo de 2018 se publicó que obtuvo su título con notas falsificadas, la dirigente popular estaba ya al frente del gobierno autonómico.

Tras destaparse el llamado 'caso máster' la presidenta regional se puso en contacto con María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación y funcionaria de la universidad, y con el que fuera director del máster, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019, para que le ayudasen a acreditar ante la prensa que había hecho los cursos con normalidad. Para ello, según la Fiscalía, se falsificaron actas, trabajos y fechas.

El resultado fue un documento que la Comunidad de Madrid envió a los medios para intentar hacer pasar a Cifuentes como alumna reglada y con la defensa de su trabajo fin de máster acreditado «para evitar -según el escrito de acusación- las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse». «Nunca jamás he dicho ni he pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento. Yo no lo necesitaba, tenía mi título que acreditaba que había cursado ese máster y la certificación académica personal sellada que me habían mandado. Y yo desconocía que los trabajos de fin de curso tuvieran un acta», se defendió Cristina Cifuentes.

El Ministerio Público considera a Feito, para la que también pide 39 meses de cárcel, coautora indirecta del delito. La tercera acusada, aunque inicialmente hubo una veintena de investigados entre profesores y alumnos, es Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, que se enfrenta a 21 meses de prisión porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. El pasado lunes ratificó la falsificación del acta debido a las «presiones» por parte de Álvarez Conde y Feito.

Ésta última, en cambio, negó tales presiones e insistió en que nunca ordenó nada. Solo pidió, afirmó, que se buscara el trabajo que supuestamente realizó Cifuentes y que su abogado aportó el pasado viernes al tribunal sin que nadie lo esperara.

Precisamente, la defensa de Cifuentes presentó en las cuestiones previas del juicio varias pruebas de última hora para tratar de respaldar su inocencia. El tribunal las aceptó pese a la oposición de algunas de las partes. En concreto, el abogado aportó un certificado académico que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM). También entregó un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid, del 2 de julio de 2012, con una cita de la fecha en la que defendió su trabajo. La fecha es controvertida porque Rosado declaró que había fijado ese día por orden de Álvarez Conde, si bien nunca comprobó si aquel día hubo tribunal alguno.

Tras la declaración de Cifuentes, llegó el turno de las testificales de las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos, cuyas firmas constan en el acta como integrantes de aquel tribunal. Ambas, en calidad de testigos, negaron haber evaluado a la expresidenta madrileña.