El chivatazo en el 'caso Koldo' que pudo arruinar la operación

Eso sí, a lo largo del sumario aparecen algunas conclusiones de los agentes investigadores –pertenecientes a la UCO de la Guardia Civil y adscritos a la Fiscalía Anticorrupción–, que sugieren de dónde pudo venir el chivatazo e, incluso, muestran sus sospechas sobre uno de los investigados en la trama de comisiones irregulares con contratos públicos.

La primera mención sobre esta delación se produjo el 26 de septiembre de 2023, cinco meses antes de que estallara la operación que hizo caer a la trama. En una conversación intervenida por orden judicial, dos de los principales acusados, Iñigo Rotaeche (administraciones de Soluciones de Gestión, la empresa 'instrumental' de la trama) y Juan Cueto (empresario y presunto «comisionista facilitador»), conocen a través de los medios de comunicación que Anticorrupción tenía unas diligencias abiertas «sobre el proveedor de Ábalos en el pelotazo de las mascarillas».

En esta llamada telefónica Cueto intenta tranquilizar a su interlocutor. Le comenta que a ellos les aseguraron desde Fiscalía que la investigación se archivaba o se remitía a la Fiscalía Europea.

Además, ambos hicieron mención a un informe elaborado por la UCO con la documentación que previamente habría recabado sobre los expedientes del Ministerio de Transportes. De esta referencia los investigadores concluyeron que ambos están hablando abiertamente de las diligencias que la Fiscalía abrió en marzo de 2022 tras la denuncia presentada por el PP de Madrid.

El 13 de octubre siguiente, Rotaeche y Cueto vuelven a conversar y ya introducen un matiz nuevo: el nombre del fiscal del caso, Luis Pastor, el mismo que lleva más de 30 años en este oficio y que pasó en su momento por cargos de responsabilidad en el Gobierno de Aznar. Los implicados mencionan también el expediente balear y la reclamación patrimonial por unas mascarillas defectuosas, pero fallan en una hipótesis, ya que pensaban que las diligencias fiscales habían sido archivadas cuando no era así.

Cuatro días después, el 17 de octubre de 2023, en la estación madrileña de Chamartín, en otra llamada intervenida entre Koldo Garcia, exasesor de José Luis Ábalos en Transportes, y su hermano Joseba se hallan indicios de que ya sabían que la UCO era la unidad policial que estaba detrás de ellos. Así lo comentaron tras reunirse con Cueto. Esta es la literalidad de aquella conversación:

–Koldo: Ahora viene la Guardia Civil a verme y vienen también de la UCO para explicarme que no me pusieron el seguimiento a mí… me parece que son 27 personas investigadas.

–Joseba: Pero han venido… que sólo me siguen a mí.

–K: Tu eres tonto… es que eres gilipollas. Lo que más me interesa es mantener la distancia, somos dos y que no se te vea a ti delante.

–Joseba: Ya está, no me digas más, déjalo, desaparezco, no te preocupes.

De una conversación más amplia los investigadores deducen que Koldo García informó a su hermano de que se iba a reunir con agentes de la Guardia Civil para que le explicaran por qué no le pusieron el seguimiento a él si no a Joseba. Es decir, el facilitador de la trama sería conocedor el 17 de octubre pasado «a través de fuentes» del propio instituto armado de que existía una investigación sobre 27 personas. Por este motivo, los implicados ya tomaron decisiones relativas a su patrimonio con el objetivo de justificar aquellos ingresos en metálico que no lo estaban.

En paralelo, otro investigado, el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, recibió una llamada el 13 de octubre en la que le aconsejaron usar las aplicaciones Signal y Whatsapp en sus comunicaciones como medida de seguridad.

Advertidos por esta circunstancia y por el hecho de que los acusados ya estaban implementando medidas de autoprotección, los investigadores de la UCO, doce agentes en total, lograron que el juez ampliase los medios de intervención de las comunicaciones y las vigilancias presenciales. Tuvieron tres meses, del 8 de octubre al 8 de enero pasado (luego prorrogado), para analizar la información obtenida y mantener el preceptivo control judicial.

Esta circunstancia, por ejemplo, les permitió colocar a mano una baliza en los bajos del coche de uno de los acusados. Se trata del Audio Q8 que Juan Carlos Cueto tenía aparcado en un garaje público del centro de Madrid solo cinco días antes de ser detenido.

Finalmente, en un informe entregado el pasado 22 de febrero los investigadores dan a conocer a la persona que «está avisando» a Koldo García no ya de la apertura de una investigación judicial –la incógnita que sigue sin resolverse–, sino de las medidas de vigilancia a las que estaban siendo sometidos.

Se trata de Rogelio Pujalte, el administrador de un depósito judicial en Murcia, detenido en la operación y a quien le incautaron 125.310 euros en efectivo en el registro. Por las intervenciones telefónicas se sabe que Pujalte ingresó 100.000 euros por los contratos bajo sospecha y que avisó a Koldo de que no usara Telegram para comunicarse por nada del mundo. «Esta situación –lamentó en una llamada– es por culpa del subnormal del perro de (Víctor) Aldama», reprochó Pujalte, en referencia al presunto conseguir de la trama de comisiones.