Chaves insiste en que nunca supo cómo se pagaban las ayudas de los ERE ni conoció las alertas de Intervención

El abogado Pablo Jiménez de Parga abrió este lunes el turno de las conclusiones finales de las defensas de los 21 ex altos cargos del gobierno andaluz imputados en la denominada pieza política de los ERE, que enjuicia la puesta en marcha de un sistema específico para repartir casi 750 millones de euros en ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas en crisis de forma opaca y discrecional. Los informes de los abogados consumirán a buen seguro las próximas tres semanas, coincidiendo con la campaña electoral, por lo que fuentes jurídicas dan por hecho que el turno de última palabra de los imputados se producirá después de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

El argumento de Chaves fue sencillo. El presidente andaluz era conocedor de los grandes conflictos sociales que había en Andalucía en la década de los 2000, e incluso sabía que la Junta tenía una línea de ayudas para esas entidades, pero no era su competencia conocer cómo se concretaban o materializaban esos pagos. «Conocía las grandes decisiones políticas, intervenía en esas decisiones, lo que no intervenía en modo alguno era en cómo se articulaban las soluciones», abundó el letrado, para quien «pretender que el expresidente de la Junta se tenga que estudiar cada expediente administrativo me parece que se opone a las reglas de la lógica y lo razonable, y linda con lo absurdo». Es más, estimó que, si tras «bucear en decenas de expedientes» sobre las más de 270 ayudas concedidas los únicos indicios encontrados por Anticorrupción son «cartas y faxes», «poco tiene».

En la misma línea, la defensa de Chaves –a quien siguió el abogado del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández- mantuvo que no se ha demostrado que el expresidente fuera advertido en algún momento de que se cometía alguna ilegalidad, ya que el interventor no elevó el preceptivo informe de actuación necesario para que el consejo de Gobierno tomara medidas, de ahí que no pudiera ponerles fin, como le acusa Anticorrupción. De igual manera, las 18 modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo bajo mandato de Chaves contaron con los informes favorables de Intervención, por lo que los políticos no pusieron reparos y las aprobaron sin debate.

También arremetió el letrado contra la acusación de opacidad, recordando que tanto los sindicatos como la patronal avalaron estas ayudas durante seis años en los acuerdos de concertación, recogidos en los presupuestos de la comunidad, e incluso llegaron a pedir que no se suprimieran. El letrado cuestionó numerosas afirmaciones del fiscal, que insiste en que Chaves mantuvo y no puso fin al sistema inadecuado, y apuntó que en todo caso podría darse una contradicción entre leyes a cuenta del procedimiento para abonar las ayudas, aunque en estas situaciones la Ley de Presupuestos (donde se incluía el pago de las ayudas vía transferencia de financiación) prevalece sobre otras normas, como la ley de subvenciones, que establece una fórmula de pago distinta.

En este punto, recordó el letrado, nadie planteó un recurso de inconstitucionalidad contra estas leyes de presupuestos por considerarlas fallidas. Es más, el abogado de Chaves atacó el informe de los interventores del Estado donde cuestionan este modo de proceder, principal prueba de cargo de la causa, aseverando que los expertos no eran juristas, por lo que llegó a denominarlos «pseudo peritos» nombrados a dedo por el ejecutivo de Mariano Rajoy.