El CGPJ rechaza por unanimidad los ataques a los jueces y pide a Armengol «asegurar el respeto» en el Congreso

La salida salomónica que ha propiciado el consenso entre el ala conservadora y la progresista, con el presidente interino, Vicente Guilarte, y el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, en el fiel de la balanza, deja claro en cualquier caso que el órgano de gobierno de los jueces no cree que el fuero parlamentario «reste gravedad» al cuestionamiento que soporta la Magistratura. Así, el texto pactado expresa el rechazo del Consejo «con toda firmeza» a «determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo» en la sesión plenaria del pasado martes en la que Junts dejó en suspenso el refrendo de la amnistía.

Los 16 vocales no hacen mención alguna por su nombre a Armengol, pero sí sostienen que «debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial». Una admonición a la presidenta y, por extensión, al resto de miembros del hemiciclo que rematan haciendo suyas, textualmente, las palabras del Consejo Consultivo de Jueces Europeo.

Los poderes del Estado, remarcan emulándole, deben «cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio» y, con ello, esa «confianza» menguada impidiendo una «injerencia inadecuada» como la que protagonizan los diputados que arremeten contra los instructores del 'caso Tsunami Democràtic' y sobre la trama rusa –Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre– y también contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena. Magistrados que escucharon la invectiva más dura de boca de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien llegó a tildarles de «prevaricadores».

El documento aprobado está muy medido en aras de dotarle de unanimidad; una condición valiosa no solo por la envergadura del asunto que estaba sobre la mesa, sino porque este Consejo está lastrado por la interinidad de un lustro que arrastra a causa del cisma entre el PSOE y el PP. Lucas planteó, de hecho, la relevancia de que si el órgano de gobierno se pronunciaba, lo hiciera por acuerdo de todos sus miembros. Ello no evitó, según las distintas fuentes consultadas, que el debate fuera intenso. Dos horas de sesión tras la que los conservadores renunciaron a hacer valer su mayoría para la reconvención más explícita de Armengol a la que apuntaban en las horas previas.

El texto –de cuatro puntos– comienza enmarcando el consenso. Los vocales se acogen a las declaraciones de Guilarte efectuadas al día siguiente del agrio pleno en el Congreso en las que constató que el hecho de que las manifestaciones de los diputados en la tribuna de la Cámara «se encuentren especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación». La segunda mención en ese punto es al acuerdo también unánime del pasado 21 de diciembre por el que el CGPJ advertía a las Cortes de que se abstengan de citar a declarar a los jueces señalados en las comisiones de investigación sobre el 'lawfare', la supuesta guerra sucia del Estado de derecho español contra el independentismo catalán.

Dos menciones a las que en el punto tres los firmantes añaden lo dicho por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que circunscribe las críticas entre poderes a que se formulen en «un clima de respeto mutuo» y advierte de que «existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el Poder Judicial, por otra». El CGPJ concluye recalcando que la independencia judicial constituye «una pieza clave del Estado de derecho», que su defensa es «imprescindible» en el marco de valores sobre el que levanta la UE y que «su salvaguarda corresponde a todos los poderes del Estado».

La petición del cónclave extraordinario, con un único punto en el orden del día, fue trasladada el miércoles al presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, por los nueve vocales adscritos al bloque conservador: José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Francisco Gerardo Martínez, José María Macías, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea. Los promotores del pleno habían aportado informaciones periodísticas en las que se recogen las acusaciones vertidas por los portavoces de Junts, ERC, Bildu, Sumar y Podemos contra la Judicatura. Más en concreto, contra los magistrados Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre por sus investigaciones sobre Carles Puigdemont por presunto terrorismo y alta traición al Estado. Las palabras más gruesas partieron de la jefa de filas de Puigdemont en la Cámara baja, Míriam Nogueras, que llevó a atribuir a los togados un delito -el de prevaricación, o lo que es lo mismo, adoptar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son-, minutos antes de que su grupo bloqueara la tramitación de la ley de amnistía al considerar su blindaje insuficiente.

La gestión de la controvertida norma sobre la que sustenta el tercer mandato de Sánchez ha provocado una revuelta en el universo judicial y un enconamiento entre poderes del que cuesta encontrar precedentes, pese a que el ministro de Justicia y negociador principal del Gobierno, Félix Bolaños, se está afanando en subrayar su apoyo incondicional a los jueces aun cuando no solo los socios, sino el propio PSOE cuestionan las trabas ante la tramitación de la norma que derogará los delitos vinculados al 'procés'. «Déjennos en paz», ha llegado a proferir hasta en dos ocasiones Guilarte, interlocutor de Bolaños, quien ha sumado a esa apelación un llamamiento para que la Judicatura no se deje enredar en la disputa política.

El presidente interino del Consejo y el del Supremo, Francisco Marín Castán, ya condenaron otra andanada contra sus pares lanzada por Nogueras el 12 de diciembre, en el transcurso del pleno de toma en consideración de la amnistía. Y el pleno de hoy tenía dos antecedentes no menores, solventados también por unanimidad. Uno fue el ya mencionado acuerdo del 21 de diciembre, en el que el CGPJ insta a las Cortes a no convocar a juez alguno a declarar a las comisiones de investigación del 'lawfare' anticipando, en todo caso, que el propio Poder Judicial denegará la citación. El segundo se produjo hace menos de tres semanas, el 19 de enero, cuando la comisión permanente del órgano reconvino, con el aval de conservadores y progresistas, a la vicepresidenta Teresa Ribera por cuestionar la imparcialidad de García Castellón en la instrucción del 'caso Tsunami Democràtic'.