El Poder Judicial rechaza la prohibición de las fundaciones franquistas

El documento aprobado, que no tiene carácter vinculante para el Gobierno, salió adelante tras más de dos horas y media de debate con 15 votos a favor y 6 en contra (bastaban once apoyos para que fuera ratificado por el órgano). Los vocales del CGPJ que votaron en contra anunciaron que suscribirán un voto particular discrepante, en el que expondrán algunas objeciones que han planteado durante el debate.

Este informe fue elaborado por los vocales Roser Bach, magistrada de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y Wenceslao Olea, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; después de que la falta de consenso entre los dos ponentes designados inicialmente obligara al órgano del Poder Judicial a nombrar a dos jueces diferentes para tratar de desatascar la situación, que requirió, además, que se solicitara una nueva prórroga al Gobierno.

El Gobierno fija en el borrador de la Ley como causas para ilegalizar estas endidades «la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales». Bach y Olea consideran, en cambio, que la apología franquista que puedan realizar determinadas fundaciones, como la que luce el nombre de Francisco Franco, está amparada por la ley siempre que no se humille o menosprecie a las víctimas.

Otro de los aspectos espinosos, por colisionar con el derecho de reunión, es la posible tipificación como infracción muy grave la falta de adopción de medidas para impedir la realización de «actos contrarios a la memoria histórica», especialmente concentraciones o manifestaciones de carácter filofranquista.

Los proponentes del informe del CGPJ consideran que este tipo de actos «debería de configurarse de un modo más omnicomprensivo», siguiendo el espíritu de resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa.Aunque apuntan que «respeta el marco constitucional» al perseguir la protección del derecho a la dignidad y respeto de las víctimas y de sus familiares.

La propuesta señala que la definición de concepto de víctima de la guerra civil y la dictadura que contempla la Ley de Memoria Democrática se mueve en «un plano estrictamente administrativo de reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas», ya que es «doctrina jurisprudencial bien asentada que el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal».

El proyecto de Ley de Memoria Democrática ya obtuvo un ajustado apoyo del bloque progresista en otro órgano consultivo, el Consejo Fiscal, para cuya aprobación fue determinante el voto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ministra de Justicia durante el primer Gobierno de Sánchez.

Entre los impedimentos que pusieron de manifiesto los vocales más conservadores de este órgano estaba la indefinición en la que la ley deja la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito, ya que, señalan, no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal.